Por si alguno todavía no se ha dado cuenta, hay un debate muy interesante e importante abierto en relación a la lucha contra la piratería en internet. En orden cronológico, el lunes 19 de noviembre en la escuela de negocios de ESADE, Aldo Olcense, presidente de la Coalición de Creadores de Industrias de Contenidos, también denominada La Coalición, condenó la tan dañina y por supuesto ilícita puesta a disposición de contenidos ilegales en internet, como por ejemplo películas que todavía ni siquiera están estrenadas y que pueden ser descargadas por usuarios accediendo a páginas de empresas domiciliadas en España. El modelo de negocio, como casi todos los que tienen como base la ilicitud, genera ingresos millonarios vulnerando derechos de terceros.

Siguiendo con la enumeración de episodios que me ha llevado a escribir este artículo, unos días después, mi ordenador me solicita la actualización del software ITunes (versión 9.0.2.) y que permite en teoría la descarga y el alquiler de películas y documentales de forma legal. Como usuario habitual de ITunes, evidentemente me llevo una gran alegría y enredo por el nuevo aplicativo llegando hasta un documental con muy buena pinta y que me apetecía mucho ver. Me dispongo a comprar y en el momento que introduzco los datos y se detecta que estoy en España, la página que tanto me había gustado desaparece y me dice que en España no está disponible este servicio de descargas legales. Los que estén acostumbrados a ITunes sabrán de lo que estoy hablando, y que también ciertos hardwares de gran éxito comercial en otros países y todo dentro de la legalidad, en España no valen para nada al no haber contenidos legales disponibles, lo que genera una lógica frustración a los internautas.

Sigo. Los días 17,18 y 19 llega a Madrid FICOD, el Foro Internacional de Contenidos Digitales inaugurado por la ministra de Cultura, Sra. González-Sinde, que advierte a los piratas de internet que esto se acabó, en un día por cierto de mucho movimiento del Gobierno en este terreno, pero en otros mares no tan lejanos. Pues bien, en uno de los foros que tuvieron lugar dentro de la fantástica organización del congreso, vuelvo a coincidir o mejor dicho, a buscar a Aldo Olcense, extraordinario orador que representa a sociedades gestoras como EGEDA, SGAE, Promusicae, etc. y a Maite Arcos, brillante directora general de RedTel, Asociación Española de Operadores de Telecomunicaciones, ambos llamados juntos al Ministerio de Cultura a negociar la lucha contra las prácticas ilícitas como el P2P, streaming o descargas directas ilegales. En esta reunión y dentro de la lógica aplastante de la necesidad de defensa de la propiedad intelectual, defendida por Aldo Olcense, la directora de RedTel plantea un punto clave: oferta legal para evitar la piratería. Efectivamente. Internet tiene un ritmo de crecimiento y en especial en lo que se refiere a contenidos, sin ningún precedente histórico que yo sepa. Mientras, el sistema de gestión de derechos de autor es complicadísimo en el caso de España, lo que genera que la oferta legal se bloquee, que es lo que me pasó a mí cuando intenté comprar a través de ITunes el documental citado anteriormente, simplemente desapareció la oferta, como cuando una persona va a un hotel en Cuba y dice que es cubano o cubana; el hotel simplemente desaparece, deja de haber oferta legal y se genera por lo tanto una oferta paralela, digamos que "alegal" para el cliente o usuario. El que lleva las de perder en este último caso es el que abrió el establecimiento paralelo a la vista de la falta de oferta legal, valga esto como comparación al igual que La Coalición asimila a los internautas que descargan ilegalmente con los consumidores de drogas y dice que hay que ir a por el camello.

Como conclusión y teniendo en cuenta factores como que los que descargan películas utilizando ITunes en otros territorios no cercenados lo hacen de forma absolutamente legal y dentro de una regulación muy activa en derechos de la propiedad intelectual, pero que es mucho mas ágil en la gestión de los mismos; no se puede trasladar el problema burocrático a los usuarios. Recordemos que cuando un usuario de internet se descarga, por ejemplo, una canción de forma legal en España, paga a las sociedades gestoras de derechos al comprar el ordenador, la impresora, la cámara o lo que sea, la llamada remuneración compensatoria. Luego, paga derechos de autor por la obra descargada y también paga si eso que ha comprado lo quiere llevar a un soporte físico de almacenamiento como pueda ser un cedé. Todo más o menos normal, quitando las abismales diferencias que este proceso supone entre un residente en los Estados Unidos y uno en España; pero si encima nos bloquean el acceso a la oferta legal, mal asunto porque aquí es donde se genera el comportamiento ilícito, como cuando, y para poner un ejemplo similar, en ciertos países se bloquea el acceso a internet por motivos políticos, la gente acaba accediendo y además conlleva la condena internacional, porque el acceso a internet hoy en día es parte de los derechos humanos. Por lo tanto, lucha contra la piratería sí, pero no resulta aceptable la restricción del derecho de acceso a contenidos legales, no pongamos a la ciudadanía a nadar contra corriente.