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Por la calle de en medio

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FERNANDO GONZÁLEZ MACÍAS . l suspense se mantuvo hasta el último minuto. Dicen que la decisión definitiva sobre el decreto del plurilingüismo en la enseñanza se tomó sobre la marcha, a la entrada o en la propia reunión del Consello. Es algo nada habitual, porque los asuntos a los que da luz verde el pleno de la Xunta, en este gobierno como en otros, se cuecen en los días previos, en el seno de la llamada comisión de secretarios, bajo la supervisión técnica y política del conselleiro de Presidencia. Una vez reunidos, presidente y conselleiros suelen hablar de casi todo, menos de lo que contempla el orden del día. Es como un paripé. Pero esta vez era distinto.

Más allá de la trascedencia política de un asunto tan peliagudo, estaba la cuestión puramente legal. La asesoría jurídica de San Caetano también tenía serias dudas sobre el encaje de la consulta a los padres sobre el idioma de escolarización de sus hijos en el marco normativo actual, sobre todo en Primaria y Secundaria. Tirar para adelante era jugársela, sabiendo de antemano del riesgo de un serio revolcón judicial. El Consello Consultivo daba la cuartada perfecta para modificar una vez más el borrador inicial y congraciarse con aquellos sectores que comparten el espíritu general del decreto, con la recuperación del equilibrio idiomático, pero discrepan sobre la pertinencia de que las familias decidan aspectos esenciales de un currículum escolar. Al presidente no le incomodó en exceso el dictamen del Consultivo. Era más o menos lo que esperaba: un informe que, bien mirado, resultaba bastante menos crítico que el emitido contra el decreto del bipartito. Por lo demás, tenía el firme propósito de no polemizar con ese organismo, dijera lo que dijera, y mucho menos poner en tela de juicio su independencia de criterio. Justo lo contrario de lo que hicieron en su día socialistas y nacionalistas, que llegaron al borde mismo de la descalificación, en un episodio más que lamentable que ha quedado para las hemerotecas.

El Feijóo opositor y su partido emplearon como munición antigubernamental los informes del Consello Consultivo en los que tiraba de las orejas al bipartito. Sería incongruente que como gobierno se pasaran sus dictámenes por el arco del triunfo. Y no lo harán, porque además de dirigentes políticos los gobernantes del Pepedegá son en su mayoría licenciados en Derecho o funcionarios de carrera, con lo que tienen una doble obligación de cumplir y hacer cumplir la legalidad.

Claro que esa legalidad se puede cambiar. He ahí el aspecto más trascendental de lo anunciado por Don Alberto. No lo dijo expresamente y, sin embargo, enunció su propósito de promover desde San Caetano una nueva norma que legalice lo que ahora es ilegal: la consulta vinculante a los padres. Para ello tendrá que cambiar la Lei de Normalización y con ello remover una de las piedras angulares del edificio autonómico, soportada por el más amplio consenso político y social.

Según sus más cercanos colaboradores, a Feijóo no le preocupa que la galaxia nacionalista y galleguista se alporice aún más y siga sin reconocerle lo mucho que ya ha reculado en este tema, desde la posición maximalista de la campaña electoral hasta hoy. Va de suyo. Y tampoco le quita el sueño que Galicia Bilingüe le llame "mentiroso en el sentido literal de la palabra". Sabe que quienes agitaron el árbol del conflicto lingüístico para que él recogiera las nueces en forma de votos tienen su parte de razón. Pero, aunque está moralmente obligado por los compromisos electorales, un presidente ha de ser pragmático. No todo lo prometido se puede ni se debe cumplir. Hay imponderables, las circunstancias cambian. No pocas veces en política ser demasiado consecuente con lo que se piensa es hasta contraproducente. La deserción de quienes se sienten traicionados por un cambio de criterio del gobernante sobre lo que decía antes de gobernar se suele ver compensada por aquellos que ven en la rectificación una muestra de sabiduría y madurez.

fernandomacias@terra.es

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