Lo del concejal de Deportes de Santiago es indefendible. Está fuera de juego. Lo reconocen de puertas adentro algunos de sus compañeros del grupo de gobierno. Que Adrián Varela reclamase a los responsables del grupo Vendex el despido de la esposa de un combativo sindicalista de la CIG, al que, como revelan las escuchas de la operación Pokemon, quería dar un escarmiento, es éticamente reprobable. Lo es más si cabe que otros comportamientos, nada ejemplares, que quedaron al descubierto con el levantamiento parcial del secreto del sumario. Posiblemente aquello fuera fruto de un calentón y no haya tenido efecto alguno, dado que no insistió y porque además su interlocutor hizo caso omiso de semejante petición. Aún así, una vez que trasciende, la vengativa actitud del edil no va a salirle gratis, con o sin movilizaciones, más o menos oportunistas, de la oposición política y sindical y de los trabajadores del Concello.

Varela se halla en una posición imposible. Está imputado por la jueza De Lara desde mayo de 2013 por tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental en relación con la concesión de servicios municipales. Por tal motivo prestó declaración en los juzgados de Lugo unos días después, donde defendió su inocencia y la limpieza de su gestión, de la que no debió convencer a la señora magistrada porque mantuvo las imputaciones. El joven concejal compostelano, de treinta años, reclamó que el Ayuntamiento pagase la minuta del abogado que le representa en este proceso. Así lo decidió la junta de gobierno, sin objeciones del secretario municipal, en un acuerdo que acabó impugnado en los juzgados de Fontiñas. A su vez esa resolución dio lugar a la imputación, por prevaricación, de quienes lo adoptaron y a un follón judicial que aún colea. Al final el interesado dio marcha atrás, presionado por la cúpula de su partido por la polvareda que el asunto había levantado, y Raxoi no ha pagado un euro de la defensa de Varela.

Y ahora esto. Si actuó como parece, su comportamiento es impropio de un responsable político mínimamente respetuoso con el estado de derecho. Lo invalida como representante democrático de la ciudadanía compostelana, por más que un sector de la misma -y no solo de votantes del PP- asuma como normal y hasta llegue a justificar este tipo de actitudes beligerantes frente al sindicalismo más radical. En democracia, los cargos públicos llevan implícitas una serie de cargas, entre ellas el respeto de las formas en las relaciones institucionales. Eso es sagrado, como lo es aceptar y asumir las servidumbres que para quien manda con respaldo mayoritario comportan los derechos y las libertades consagrados por la Constitución. Hay que aguantar las críticas de la oposición, por injustas que sean, y las tensiones que generan las relaciones laborales, particularmente rígidas en el sector público. Todo ello va en el sueldo.

El partido puede tomar medidas contra Varela en cuanto lo estime más conveniente, asumiendo el desgaste que supone mantener esta situación. Por ahora considera oportuno no mover ficha. Puede que esté a la espera de que sea el propio edil el que, en un plazo prudencial, tome la iniciativa y resuelva el problema motu proprio. Tampoco es descartable que el Pepedegá considere el Gobierno municipal de Santiago un caso irremediablemente perdido. Desde que el alcalde Conde Roa dimitió por sus problemas con Hacienda, la cosa fue de mal en peor, hasta llegar aquí. Hubo detenciones y casi todos están imputados por algún motivo, mientras medio grupo intriga y maniobra contra el otro medio. Para qué pringarse si no tiene arreglo, pensará más de uno.