Arranca en los compostelanos juzgados de Fontiñas la vista oral del crimen de Asunta, la niña china presuntamente asesinada por sus padres adoptivos hace ahora dos años. En las próximas semanas asistiremos no a uno, sino en realidad a varios juicios en simultáneo. Será juzgada la pareja que se sienta en el banquillo, pero también algunos de los actores centrales y colaterales de este proceso, que tanta expectación ha levantado desde el mismo día en que se descubrió el cadáver. En cuestión de horas se sube el telón, más de que un acto judicial, de un gran espectáculo del que van a estar pendientes cientos de miles de personas que, pase lo que pase estos días, tienen ya más que dictada su sentencia a partir de todo lo leído, lo visto y lo oído hasta hoy.

El tribunal del jurado deberá condenar o absolver a la abogada Charo Porto y a su marido, el periodista Alfonso Basterra, del delito de asesinato, por el cual el fiscal pide para cada uno dieciocho años de cárcel y la acusación particular, veinte. En los profesionales de la Justicia hay una clara división de opiniones, entre los que creen que pueden darse por condenados y aquellos otros que piensan que la estrategia del abogado Gutiérrez Aranguren, incluida una hábil y pertinaz contraofensiva mediática, puede salvar a uno de los dos acusados, si no de entrada, al menos cuando el asunto, vía recurso, llegue a una instancia superior y sea revisado por magistrados de carrera.

Independientemente de cuál sea su veredicto, el propio jurado está en tela de juicio. Lo está como institución casi desde que se implantó, sobre todo en casos como éste de una enorme repercusión pública. Los detractores creen que sus miembros carecen de una mínima preparación para la delicada tarea que se les encomienda. Pero además hay un general convencimiento de que, por más empeño que pongan en sacudirse los prejuicios, están demasiado influidos, contaminados, intoxicados por todo lo que fueron publicando los medios de comunicación durante meses y meses. No parten de cero a la hora de enfrentarse a pruebas y testimonios.

En la sala de la Audiencia Provincial de A Coruña en Santiago también se va a enjuiciar en cierto modo a un juez, al instructor del sumario, y su forma de trabajar. José Antonio Vázquez Taín, bautizado en su día como el Garzón gallego por la persecución del narcotráfico en Arousa, es el paradigma del juez mediático, más que del juez estrella. Hasta no hace mucho, cuando fue amonestado por un desafortunado comentario en público, era frecuente verlo en conferencias y coloquios, en entrevistas periodísticas, incluso participando en tertulias radiofónicas o televisivas y presentando sus novelas. Las dos que tiene publicadas están de algún modo relacionadas con los casos más relevantes que le tocó investigar, algo que no gusta en la administración de justicia. Convencido de la culpabilidad de Charo y Alfonso, instruyó el asesinato de Asunta Basterra bajo presión, con premura, en tiempo de récord. Según los expertos, inducido por los investigadores policiales, cometió errores de bulto que pueden condenar su trabajo al fracaso, con el consiguiente borrón en su hoja de servicios.

Dos centenares de profesionales de la información, entre periodistas, fotógrafos, cámaras, técnicos, etc., están acreditados para dar cuenta del juicio por prensa, radio, televisión e internet. Un gran despliegue de medios proporcional al interés que despertó el caso Asunta, convertido en un gran culebrón envuelto en el atractivo celofán del morbo y convenientemente alimentado por filtraciones, insinuaciones, declaraciones y especulaciones. Un material al que prestaron abundante soporte incluso periódicos y programas de radio y televisión serios y periodistas de prestigio, hasta el punto de que determinadas organizaciones gremiales enjuiciaron y condenaron con claridad esos comportamientos en la medida en que contravienen elementales principios deontológicos y propician los juicios paralelos que, al menoscabar la presunción de inocencia y violentar el secreto sumarial, causan tanto o más daño a los jueces y tribunales que a los propios justiciables.