Al trasluz

Justicia política insatisfactoria

25.10.2015 | 01:47
Justicia política insatisfactoria

Es una sentencia política en el fondo y en la forma. Si acaso, su gran virtud es que no deja contento a nadie, es posible ni tan siquiera a quien presidió el tribunal, el atrabiliario magistrado Alfonso Guevara. A los condenados les parece injusta, porque creen que no cometieron ilegalidad alguna y menos un delito. A quienes promovieron o apoyaron la acción judicial, la condena se les antoja insuficiente, meramente simbólica, porque Gayoso, Pego, Gorriarán, Rodríguez Estrada y Pradas no darán con sus huesos en la cárcel, salvo que tras el previsible recurso ante el Tribunal Supremo se revise al alza la pena de dos años de cárcel que les impone la Audiencia Nacional. Esa parte no entiende que considerando de suma gravedad los hechos, los magistrados aplicaran el mínimo castigo previsto.

El fallo de la sentencia obliga a los condenados, curiosamente todos ellos ejecutivos de la antigua Caixanova, a devolver algo más de catorce millones de euros, que no es todo, pero sí fue buena parte de lo que se llevaron al desvincularse de la caja fusionada. Javier García de Paredes, proveniente de Caixa Galicia, queda absuelto y mantiene los cerca de seis millones de su indemnización. En su caso tendría que ser el FROB quien se los reclamase, porque le amparaba un contrato de alta dirección previo al momento de la integración. La Fiscalía retiró la acusación contra él, porque, según los sentenciadores, su caso particular fue usado como coartada perfecta para que los demás directivos en cuestión enmascararan las mejoras de sus finiquitos.

En el momento de conocer la resolución de la Audiencia Nacional muchos se acordaron de José Luis Méndez, el todopoderoso director general de la caja coruñesa, que se fue a su casa tras ser apartado por el Banco de España de las negociaciones para la fusión. Se salva de este proceso, como otros exdirectivos de su equipo, porque la Fiscalía Anticorrupción decidió investigar solamente los casos de quienes dirigieron lo que hoy es un banco privado, Abanca, y hacer tabla rasa de lo que ocurría con sueldos, pensiones y prebendas en las cúpulas de las dos entidades que constituyeron Novacaixagalicia. Méndez percibió por la autojubilación dieciocho millones. Por lo visto, de esa cantidad y de cómo dirigía su caja hasta situarla al borde de la quiebra no va a tener ya que dar cuentas nunca a nadie.

Los condenados tienen una cierta sensación de chivos expiatorios. La tenían ya en el momento en que fueron encausados. Aunque desde varios ámbitos jurídicos se consideraba improbable la condena porque se cumplieron los requisitos y trámites exigibles a la hora de fijar las indemnizaciones y el Banco de España no las vetó, Gayoso, Pego y compañía temían que una justicia políticamente mediatizada se viera tentada a producir una condena ejemplarizante y que les podrían hacer pagar a ellos muchos de los platos rotos en la gran crisis del sector financiero español.

En cualquier caso, sería de lamentar que este proceso sobre los finiquitos millonarios en Novacaixagalicia -que aún se puede alargar mucho en el tiempo- y la propia sentencia, actuaran como una cortina de humo que acabe por ocultar la existencia de graves irregularidades en la gestión de las cajas gallegas. Haya o no responsabilidades en la forma en que se manejaron los dineros de muchos miles de gallegos, es conveniente esclarecer cómo y por qué se llegó a "una situación calamitosa", que ahora sabemos que tal vez la propia fusión agravó. Conviene no olvidar que también siguen aún pendientes de redactar las conclusiones de la comisión de investigación parlamentaria, dos años después de que se cerrara, en falso según algunos grupos de la oposición. Y a un año de las elecciones autonómicas, es probable que no haya demasiado interés en reabrir un debate político casi tan incómodo para el PP gobernante como para los socialistas. Unos y otros tienen bastante que perder y nada que ganar.

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