Apenas 24 horas después de que la corporación municipal acordara por unanimidad respaldar el recurso al Gobierno local en su estrategia judicial para evitar el derribo total del edificio de Fenosa, otra debacle urbanística vino a sumarse al asfixiante legado que soporta la ciudad de A Coruña.
El Concello se vio obligado el pasado 8 de abril a paralizar las obras de urbanización del polígono del ofimático por la sentencia que anuló su adjudicación por el Ejecutivo de Javier Losada a la constructora Acciona unas semanas antes de las elecciones municipales de 2011.
La amenaza que pende sobre el edificio de Fenosa se había reactivado unos días antes, al trascender el fallo del Tribunal Supremo que ordena devolver el emblemático inmueble a su estado anterior a la licencia ilegal otorgada por el Gobierno de Francisco Vázquez a Fadesa en 1997.
El fallo aboca a un obligado cumplimiento de los términos de la sentencia dictada en 2001 por el Tribunal Superior de Xustiza, en el que estimaba la denuncia contra la licencia municipal concedida en 1997 para reconvertir la sede de Fenosa en un edificio de viviendas y locales comerciales, tras ser vendida a Fadesa por 2.250 millones de pesetas. El permiso para la obra de reconversión del inmueble otorgado por el Gobierno de Vázquez infringía la normativa urbanística municipal vigente.
La inquietante sentencia del Supremo arroja incertidumbre sobre el proyecto presentado por el actual Gobierno local al Tribunal Superior de Xustiza, aún pendiente de resolución, para intentar reponer la legalidad del edificio con unas obras de reforma que eviten su demolición. El derribo total sería una hecatombe para las arcas municipales, ya que las indemnizaciones podrían alcanzar los 40 millones de euros. Una factura monumental de 6.670 millones de las antiguas pesetas, el triple del coste de la operación de venta del edificio, que se repercutirían a los bolsillos de los coruñeses.
La corporación municipal de A Coruña respaldó en pleno por unanimidad la vía emprendida ante el Superior, al interpretar que el fallo del Supremo no invalida la pretendida legalización mediante un derribo parcial que evite una desastrosa demolición total.
La ciudad contiene la respiración, a la espera de la decisión del alto tribunal gallego.
En medio de este suspense, llegó el estallido de otra espoleta retardada del nefasto legado urbanístico. En este caso, de una pifia reciente. De 2011.
El Gobierno local, obligado por otra sentencia del Tribunal Superior de Xustiza dictada en el pasado mes de diciembre, tuvo que paralizar las obras de urbanización del ofimático. El fallo judicial anuló el contrato de licitación de 42 millones firmado por el Gobierno de Javier Losada con la constructora Acciona en vísperas de las elecciones municipales de 2011 y obliga a repetir todo el proceso de adjudicación de las obras, de las que dependen varias promociones de vivienda pública, que deben suspenderse hasta que se convoque un nuevo concurso. El alto tribunal gallego estimó que la apresurada licitación al filo de las urnas precisaba de un estudio de viabilidad que se pasó por alto.
La gestión y el presupuesto de la ciudad están hipotecados por el incesante rosario de sentencias que criminalizan la política urbanística ejecutada en A Coruña en los últimos años. El edificio de Fenosa y el ofimático son apenas las gotas más recientes de un chaparrón que ha colmado el vaso de los escándalos urbanísticos. Aunque el caso del inmueble de Fernando Macías puede tener unas consecuencias aún más devastadoras que el de Someso, cuyas facturas millonarias siguen llegando puntualmente al Ayuntamiento.
En los juzgados están aún pendientes de resolver denuncias del caso San Amaro, por el que varios promotores reclaman una ristra de millones al Concello por el incumplimiento del acuerdo firmado con un Ejecutivo de Francisco Vázquez en 1993 para edificar una urbanización en el entorno de la Torre de Hércules. Una fallida operación inmobiliaria que la Xunta tumbó en 2010 tras ser declarado el faro patrimonio de la humanidad. Y por la que ahora se pretende también pasar la minuta al bolsillo de los coruñeses.
La irresponsable política urbanística que imperó en A Coruña desde los años 90 no cesa de lastrar el erario coruñés. El aluvión de sentencias judiciales por conflictos urbanísticos heredados de anteriores administraciones obliga a reservar este año 2,3 millones solo para este fin.
La mayor amenaza a conjurar se centra en este momento en el edificio Fenosa. Las consecuencias de un derribo total que todos los grupos de la corporación pretenden evitar podrían arrastrar a la ciudad a la bancarrota.
La Alcaldía ha optado por aplazar la prometida petición de responsabilidades por la actuación ilegal que tiene ahora a la ciudad a los pies de los caballos hasta que no se pronuncie el Tribunal Superior. Es una estrategia prudente tras la postura unánime de la corporación. No hay que olvidar sin embargo que el desenlace de este entuerto difícilmente resultará inocuo para las arcas de la ciudad, aunque se evite la mayor.
Será entonces el momento de poner coto a la impunidad con la que han venido discurriendo hasta ahora estas escandaleras, siempre con cargo al sufrido erario público coruñés, y endosar la factura del descalabro a sus responsables.
