Las millonarias obras de la Marina no cesan de generar conflictos y amenazas de sobrecoste de un proyecto más que controvertido en su génesis. El último episodio ha sido destapado por las empresas a las que se adjudicó la construcción del túnel, Copasa y Civis Global, que acaban de denunciar que los múltiples errores y consecuentes fallos en las obras se debieron en buena medida a las presiones ejercidas por el Puerto y el Gobierno local para abrir a toda costa la compleja infraestructura antes de las elecciones municipales de mayo de 2015. Comicios que, paradójicamente, perdería el Gobierno de Carlos Negreira, en parte a causa de la polémica generada por el faraónico proyecto, que abocaba a la ciudad a un fuerte endeudamiento en un mal momento económico.
Copasa y Civis reclaman al Puerto nueve millones de euros por sobrecostes en la construcción del túnel de la Marina. Exigen esa cantidad por las alteraciones en la obra derivadas de los errores y las imprevisiones en el proyecto constructivo redactado inicialmente por el Puerto y de las presiones a las que denuncian haber sido sometidos por la Autoridad Portuaria y el anterior Gobierno local para abrir el túnel antes de las elecciones municipales de 2015. Las constructoras achacan además los numerosos desperfectos técnicos sufridos en el proyecto de la Marina a esas prisas de cariz electoral.
Las presiones políticas, según las constructoras, se acrecentaron cuando, al iniciar la obra, se comprobó que el cumplimiento de los plazos estaba en serio peligro por la necesidad de acometer obras no previstas para desviar las canalizaciones subterráneas. Copasa y Civis Global alegan que les impusieron turnos de trabajo de 24 horas para mantener los plazos de ejecución y lograr el objetivo de abrir el túnel antes de las municipales.
El Ejecutivo de Negreira y el Puerto pusieron en servicio el vial subterráneo en plena campaña electoral, el 12 de mayo de 2015, pero el ente portuario no firmó el acta de recepción total de la obra hasta diciembre, tras diversas ampliaciones del plazo de ejecución que pasó de 14 a 24 meses.
La reclamación duplica el precio de adjudicación del proyecto, de 10,9 millones de euros. El 81,6%, 8,9 millones, los aporta el Ayuntamiento y el porcentaje restante, dos millones de euros, el Puerto. El único añadido a ese presupuesto lo aprobó el ente portuario el 29 de abril de 2015, con un incremento de 811.702 euros financiado, según ese acuerdo, por el Ayuntamiento.
Copasa y Civis Global argumentan que, desde el inicio de los trabajos, se sucedieron numerosas incidencias que demostraron la inadecuación e insuficiencia del proyecto constructivo redactado por el Puerto. Estas alteraciones, según las empresas, repercutieron notablemente en las obras previstas y en el plazo final de ejecución, con el consiguiente incremento de costes en la ejecución.
Las constructoras afirman que durante toda la ejecución de la obra, el Gobierno local y la Autoridad Portuaria les advirtieron constantemente de que las elecciones municipales constituían un hito relevante en la ejecución del contrato. Alegan que estas prisas fueron determinantes para fijar los turnos nocturnos de trabajo durante 24 horas y les marcaron exigencias de premura pese a las graves incidencias acaecidas en la obra. Y añaden que en abril de 2014 propusieron mejoras técnicas que habrían acortado la obra, que el Puerto descartó.
El anterior Gobierno local, con Carlos Negreira en la Alcaldía, y la Autoridad Portuaria alegaron durante las obras que los turnos de 24 horas buscaban reducir la duración de los trabajos para disminuir las molestias que ocasionaban en la zona y en el tráfico de la ciudad, ya que implicaban también el cierre del túnel de María Pita.
El consejo de administración del Puerto salió al paso de la demanda de Copasa y Civis Global con una escueta nota de prensa en la que rechaza pagar esos 9 millones de sobrecoste por las obras del túnel de la Marina y achaca a las constructoras los retrasos de once meses en las obras. La Autoridad Portuaria se remite a un informe técnico propio que rechaza un aumento del coste de la obra respecto de los 10,9 millones presupuestados y señala que el precio redujo en 5,6 millones el importe fijado en la licitación.
El Puerto sortea sin embargo cualquier explicación sobre las acusaciones en las que las constructoras basan su reclamación. Y elude sobre todo la denuncia más grave: el supuesto uso electoral de una obra millonaria que endeudó a la ciudad y cuyas presuntas prisas por ponerla al servicio de intereses políticos causaron importantes desperfectos y sobrecostes en el proyecto.
El alcalde coruñés, Xulio Ferreiro, reclama una comisión de investigación y advierte de que el Ayuntamiento no va a pagar un euro más de lo que le corresponde según el convenio firmado con el Puerto. Para curarse en salud, el Ayuntamiento lo dejó reflejado en el acta de apertura del túnel firmada en marzo en presencia del presidente de Puertos del Estado, José Llorca.
De confirmarse las presiones políticas que denuncian las constructoras, el regidor coruñés interpreta que se trataría de un gasto electoral del PP que este partido debería afrontar, no los coruñeses.
A la luz de estos acontecimientos, se ve ahora que la cautela inicial del actual Gobierno local a la hora de hacerse cargo oficialmente de las obras de la Marina hace unos meses, ya entonces bajo sospecha de una finalización inadecuada, evitó grandes males a las arcas coruñesas. Ocurrió primero con el derrumbe del pavimento de la urbanización y las grietas en el túnel, y ahora con la amenaza de millonario sobrecoste. De haber recibido las obras entonces, el gasto correría ahora a cargo del Ayuntamiento.
La gravedad de la acusación planteada por las adjudicatarias del túnel demanda una explicación pública rigurosa y documentada por parte de la Autoridad Portuaria y los responsables municipales del PP, algunos de ellos presentes en el anterior Gobierno local al que apuntan las denuncias de las empresas constructoras.
