La aprobación de la ley de referéndum de autodeterminación y la ley de transitoriedad por el parlamento de Cataluña han roto por entero el orden jurídico y constitucional y, como era de esperar, comienzan las reacciones del Estado. Reacciones que se suman a las que desde el primer momento, desde la Declaración parlamentaria de soberanía de Cataluña en enero de 2013, viene dirigiendo y activando, ley en mano, el Gobierno de Rajoy. Reacciones tardías, blandas e ineficaces para muchos y para otros todo lo contrario, torpes, injustas y antidemocráticas. A mi juicio, Rajoy ha gestionado la situación con gran acierto, máxime dada la lamentable falta de apoyo con la que le ha obsequiado el PSOE hasta que el disparate independentista ha llegado a su gravedad más extrema. Asombra, indigna o causa hilaridad la cantidad de adhesiones que Rajoy viene ahora sumando de quienes desde la política y los medios le han descalificado, por decirlo suavemente, hasta ayer mismo. En su comparecencia reciente estuvo solemne y pedagógico anunciando que el movimiento sedicioso había topado con la fortaleza del Estado de Derecho. Las reacciones en marcha las conocen ustedes y no es preciso detallarlas. El Tribunal Constitucional, el Poder Judicial y la Fiscalía, el Tribunal de Cuentas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, por supuesto, el Gobierno ya están actuando contra la brutal quiebra del orden constitucional llevada a cabo por la Generalitat y su Parlamento. Y se empieza a notar, claro. Como muestra la acobardada posición del Ayuntamiento de Barcelona verbalizada por el primer teniente de alcalde, Pisarello, pidiendo a Puigdemont garantías para los funcionarios porque el aviso de responsabilidades penales del TC "ha cambiado las circunstancias". No pudiendo alegar ignorancia quien es profesor de Derecho Constitucional, es legítimo calificar de cínica su exigencia. Son muchos los que aparentan sorprenderse ahora de que el Estado constitucional existe y no es un ente inerte. Lo comprobaremos.

Y ahora, ¿qué? Pues ahora lo que sucede cuando a sabiendas y de modo contumaz se cometen las barbaridades que se han perpetrado. Y lo que sucede debería, a mi juicio, ser duro con los promotores y activistas de las barbaridades, todo lo duro que las leyes penales consientan y todo lo duro que el TC pueda ser activando los instrumentos sancionadores que tiene de su mano, sanciones económicas y suspensión de quienes han desobedecido sus sentencias y demás resoluciones. Máxima dureza con los promotores de la más grave quiebra del orden constitucional desde el 23-F.

Habrá violencia porque la CUP vino a reventar el sistema desde el parlamento o a pedradas. Actuarán contra los alcaldes que no cedan locales para el referéndum, seguirán el 11 de septiembre, la Diada, y continuarán el 1º de octubre fecha de la consulta. Hay que contar con esa violencia ilegítima y con la legítima de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los Mossos. Más adelante, cuando la normalidad se haya restablecido en Cataluña, habrá que acometer una difícil y duradera tarea de recuperación del prestigio del Estado y de la Nación porque, en buena medida, hemos llegado a esto por la frivolidad con la que desde posiciones diversas y durante décadas se ha jugado a desnudar al Estado y a negar a la Nación. Los nacionalismos jugando a construir su estado alternativo y sacralizando a su nación. Otros desmesurando el principio de subsidiariedad y creyendo que el patriotismo constitucional podía llenar el vacío del patriotismo nacional insidiosamente identificado con el franquismo.