Inventario de perplejidades

Los tesoros de la Iglesia

06.12.2017 | 00:48

Por si no fuera bastante con la larga relación de agravios que los independentistas atribuyen al Estado español en su tormentosa relación histórica con Cataluña, ahora hemos de sumarle la devolución a Huesca del llamado Tesoro de Sijena. Una colección de objetos de arte que la comunidad religiosa del monasterio de Santa María depositó primero en el museo de Lleida y en el Museo Nacional de Arte de Catalunya (año 1970), y luego vendió, de forma al parecer irregular, a la Generalitat (año 1983) por la módica cantidad de 50 millones de las antiguas pesetas. Las monjitas de Sejena (¿porqué tendemos a llamarle monjitas a señoras de, normalmente, avanzada edad?) debieron suponer que el monasterio, aunque en territorio aragonés, pertenencia a la diócesis de Lleida y, por tanto, allí deberían de refugiar su tesoro dadas las precarias condiciones de habitabilidad en que se encontraba un edificio que había sido declarado monumento nacional en 1923 durante la dictadura del general Primo de Rivera. Pero no solo a esa precariedad de medios de conservación cabe atribuir el impulso vendedor de las monjitas de la orden de San Juan Evangelista, que incluso llegaron a ser excomulgadas por el obispo de Lleida por los excesos cometidos tras la desamortizacion de 1876. Hasta el punto de que se puede seguir el rastro de las ventas de obras de arte por museos, colecciones privadas y salas de subastas en todo el mundo. El caso es que, por lo que se refiere a la polémica última, hubo en el año 2015 una sentencia de un juzgado de primera instancia que ordenaba a la Generalitat entregar las piezas en disputa, y hace unos días otra de la Audiencia Provincial de Huesca confirmando ese fallo. Los magistrados estiman que las piezas del llamado Tesoro de Sijena son bienes de interés cultural desde 1923 cuando el monasterio fue declarado monumento nacional y por tanto forman parte con él de "un todo indivisible". Consideraciones legales aparte, el interés político del caso se centra ahora en saber si el Ministerio de Cultura español, como administrador de competencias de la Generalitat en aplicación del artículo 155 de la Constitución, se abstendrá o no de recurrir la sentencia. En plena campaña electoral, si hace lo primero se expone a ser utilizado como material arrojadizo de la prepotencia española junto con los encarcelados y los del exilio de Bruselas. Y si hace lo segundo, será zarandeado desde Aragón y desde las tertulias más furibundas de Madrid. Malísimas opciones las dos. Al margen de todo eso, el episodio del llamado Tesoro de Sijena nos vuelve a poner ante los ojos la peculiar relación de la Iglesia Católica española con el fabuloso patrimonio (artístico e inmobiliario) que acumula. Desde hace siglos, y también desde anteayer con las miles de inmatriculaciones de inmuebles que propició, a su favor, una reforma de la Ley Hipotecaria por el Gobierno de José María Aznar. Inmatriculaciones para las que bastaba una certificación del Obispo otorgada sin publicidad y sin pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales. Apropiarse de la mezquita de Córdoba, por poner un ejemplo, solo costó 30 euros. Llama la atención el hecho de que a medida que el patrimonio aumenta decrece el número de personal religioso para cuidarlo.

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