Tras leer mi minuto del 1 de marzo, artículo en que comenté que tendrían que devolver lo percibido quienes cobraron pensiones de personas fallecidas porque los juzgados, a causa de la huelga de funcionarios, no habían comunicado los decesos a la Seguridad Social, mi amigo Chema me dijo: -Pues me parece fatal. ¿Es que la Administración nunca es penalizada por sus fallos? Esa réplica me sirvió para apreciar el diferente rasero que vivimos. Parece que en los problemas entre la Administración y los administrados éstos lleven siempre las de perder. Entiendo que en los conflictos con la Administración Pública, cuando el fallo es mío, del contribuyente, es lógico que éste cargue con la penalización, por ejemplo, si yo olvido u omito algo en la declaración de la renta me arriesgo a la multa, sanción o recargo, y si me llega tendré que pechar con ello. Pero en el caso planteado por la huelga de los funcionarios de Justicia, la familia que cumple su cometido comunicando el fallecimiento del pariente, no sólo no es culpable de que ese oficio no llegue a la Seguridad Social que, lógicamente, sigue pasando la pensión, sino que actuó correctamente. ¡Para que luego te vengan con más embrollos reclamando esa pensión!
