13 de mayo de 2018
13.05.2018
Editorial

La atención a la dependencia, un drama social

13.05.2018 | 03:58

El área de A Coruña registra 15.466 casos de dependencia, según los últimos datos del Instituto Galego de Estatística y suponen uno de cada cuatro de los 62.000 casos contabilizados en toda la provincia. La cifra refleja un incremento de estas situaciones de limitación de la autonomía personal del 42% en solo seis años.

Galicia es la segunda autonomía más envejecida de España y en los próximos quince años el peso de los mayores se incrementará un 20% y representará un tercio de la población. Ese envejecimiento provoca una demanda creciente de recursos de ayuda en el hogar que incluyen servicios de asistencia para el desarrollo más elemental como asearse, moverse o alimentarse cuando no se trata de casos graves que hacen imprescindible el ingreso en residencias geriátricas.

El cuidado de los dependientes tiene un coste físico y emocional pero también económico para muchas familias que se agrava por el hecho de que la atención a esas personas obliga a casi la mitad de sus cuidadores a dejar el empleo o reducir su jornada. Un tercio de los familiares que se hace cargo de la persona enferma se ha visto obligado a acortar su jornada laboral y casi un 10% ha tenido que abandonar su trabajo, según refleja un informe de la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de personas con Alzhéimer y otras demencias. El estudio revela que la atención a estas personas recae en el 68% de los casos sobre los hijos, pero también sobre los cónyuges en un 29% de los casos, muchos de ellos con edad avanzada. Uno de cada cuatro cuidadores tiene más de 70 años y siete de cada diez son mujeres.

Galicia es la comunidad donde más mayores cuidan de mayores. Incluso hay personas con demencias haciéndose cargo de sus cónyuges, que están más graves, según el presidente de la federación de Alzhéimer de Galicia, Juan Carlos Rodríguez.

Actualmente hay en Galicia 81.544 solicitudes de ayudas a la dependencia. Son 67.195 los dependientes con grado reconocido y derecho a recibir algún tipo de ayuda; 55.293 la perciben y 11.902 esperan a ser incorporados a las listas.

La lista de personas que perciben prestación por dependencia en la comunidad gallega se redujo este año en 300 personas pese a que cerca de 12.000 aguardan su turno por una ayuda, según las estadísticas del Instituto de Mayores y Servicios Sociales del Ministerio de Sanidad. El hecho de que disminuya la cifra significa que no se cubre la tasa de reposición, es decir, que hay más bajas que incorporaciones de los que aguardan a percibir una prestación.

La normativa fija un máximo de seis meses para valorar el grado de dependencia y asignar la atención. Sin embargo, en el área de A Coruña la solicitud de prestación tarda un mínimo de un año en resolverse por parte de la Xunta y la asociación Asistencia Galega de Servizos á Dependencia que gestiona centros que prestan servicios a mayores y dependientes denuncia demoras de hasta cinco años.

La atención a domicilio ha sido la prestación concedida por la administración que más ha aumentado en los últimos años; el incremento ha sido mucho menor en la atención residencial. Galicia tiene actualmente 21.100 plazas en residencias de la tercera edad y una lista de espera de más de 1.500 mayores. Hay 49 centros de titularidad pública con 6.976 plazas, y 178 residencias privadas con más de 14.100 camas, de las que alrededor de 6.000 están concertadas con la administración autonómica. El índice de cobertura en relación a su población es de 3,20 por cada cien mayores, entre las cinco más bajas de España.

El compromiso inicial de financiación de los servicios era un reparto al 50% entre Gobierno central y autonómicos, pero lo cierto es que en las comunidades asumen el 80% de las aportaciones. Galicia es la tercera comunidad con menor gasto en servicios sociales al rozar los 275 euros por habitante, un 23% por debajo de los 339 de media estatal.

Detrás de las grandes cifras y las frías estadísticas se esconde un auténtico drama social. Si hay un área que debería quedar al margen de los recortes, junto a la educación y la sanidad es la de la atención a la dependencia.

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