Ocho meses después de llegar a la Xunta, el Gobierno de Núñez Feijóo tiene listo el borrador de decreto que sustituirá a la polémica normativa aprobada por el bipartito, que obliga a impartir un mínimo del 50% de las clases en gallego. La propuesta -que fue presentada in extremis, a pocas horas de cumplirse el plazo de fin de año que se habían marcado- establece que se impartirá un tercio de las asignaturas en gallego, otro tercio en castellano y se reservará el mismo porcentaje para un idioma extranjero. La principal novedad es que los padres podrán elegir por primera vez en qué lengua desean que se enseñen dos de las asignaturas "instrumentales" de las etapas de Educación Primaria y Secundaria: matemáticas y sociales. La opinión mayoritaria será vinculante para cada centro. En el resto de materias las familias serán consultadas sobre sus preferencias y, en base a sus opiniones, serán después los consellos escolares de cada colegio los que decidan en qué idioma se ofrecerá cada clase garantizando siempre un equilibrio exacto de horas entre las dos lenguas oficiales.

Si los centros no dispusiesen de los recursos necesarios para impartir un tercio de asignaturas en un idioma extranjero, ese cupo se redistribuiría entre el gallego y el castellano respetando siempre que ninguna de las dos lenguas oficiales predomine sobre la otra. Las reglas son distintas para Infantil, donde los padres elegirán cada año, cuando formalicen la preinscripción, qué lengua prefieren para la escolarización de sus hijos. La consulta a las familias de los alumnos que estudien Primaria y Secundaria se hará cada cuatro años también a través de los sobres de matrícula.

"La máxima que busca este decreto plurilingüe es la libertad a través del conocimiento", proclamó ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que compareció acompañado del conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, tras la reunión del Consello de la Xunta, para informar sobre el borrador que ahora inicia su ronda de consultas.

El objetivo del jefe del Ejecutivo gallego es "blindar el equilibrio entre las lenguas" para evitar entrar en contradicciones con la Lei de Normalización Lingüística. Por esa razón la capacidad de elección de los padres queda siempre supeditada a que no se impartan más horas de gallego que de castellano.

El conselleiro de Educación admitió que los colegios aún no disponen de los recursos necesarios para impartir el tercio de asignaturas en una lengua extranjera y eludió dar un plazo para hacer efectivo este porcentaje. Por esta razón, en la práctica la mayoría de los colegios tendrán que redistribuir el tercio de horas que se reservaban para un idioma extranjero entre las otras dos lenguas oficiales, de manera que el porcentaje de gallego y castellano quedará repartido al 50%. En todo caso el mínimo al que obliga esta norma es del 33%. En el decreto del bipartito, por el contrario, la obligación era dar "al menos" el 50% en gallego, si bien no contemplaba el idioma extranjero.

Pero Feijóo ha querido también respetar su compromiso electoral de dejar elegir a los padres, aunque su opinión será sólo vincunlante en dos materias. En Educación Primaria las materias de Coñecemento do Medio y Matemáticas se impartirán una en gallego y otra en castellano, según la opción mayoritaria marcada por los padres en cada centro. "Tendrán que elegir un idioma para cada asignatura porque en esta etapa sólo hay 25 horas semanales de clase y si se dan las dos en gallego o las dos en castellano se rompería el equilibrio", aclaró Feijóo.

En Secundaria se dará a elegir a los padres la lengua de las clases de Matemáticas y Coñecemento Social. Aquí no será necesario que repartan una para cada idioma ya que en este nivel hay 32 horas semanales y se podría compensar el equilibrio con otras materias.

Aunque un fallo del Tribunal Supremo dictaminaba que los padres no pueden elegir el idioma en el que estudian sus hijos, el conselleiro de Educación defendió que su decreto "es respetuoso con la legalidad vigente". El presidente de la Xunta afirmó ayer que "por primera vez" en el sistema educativo gallego se "deja elegir a los padres".

Cuando todavía ni se sabía con seguridad qué novedades traería consigo el prometido decreto de Núñez Feijóo sobre el uso del gallego en la enseñanza, las dos organizaciones enfrentadas por sus puntos de vista en la cuestión lingüística, la plataforma Queremos galego y la asociación Galicia Bilingüe, coincidían en afilar sus cuchillos y lanzar advertencias al titular del Gobierno autonómico. Los primeros, para exigirle que no hubiera involuciones respecto a la lengua. Los segundos, para pedirle que cumpliera sus promesa electorales. De hecho, Queremos galego convocó una concentración ayer en Santiago ante el Consello de la Xunta que dio luz verde a la nueva normativa poniéndose en el peor de los casos y entonando un réquiem anticipado por el idioma.

Antes de saber el contenido de la legislación elaborada por el secretario xeral de Política Lingüística, Anxo Lorenzo, el portavoz de la plataforma, Carlos Callón, anunciaba ya, junto al responsable de CIG-Ensino, Anxo Louzao, una movilización para el día 21 de enero en forma de huelga en la enseñanza. El objetivo: intentar que la Xunta "desista de esta política de exterminio hacia la normalización lingüística", según explicó Louzao, que habló de "un día negro para el gallego".

Tras afirmar que resulta una "vergüenza" que el Gobierno gallego actúe "con nocturnidad y alevosía", en plenas fiestas, Callón señaló que las propuestas educativas de la Xunta del PP "crean enfrentamientos" y "para lo único que sirven es para atacar la lengua".

Las posturas de ambos colectivos no cambiaron tras las presentación del borrador del decreto, a última hora de la tarde. Callón, también presidente de A Mesa pola Normalización Lingüística, se remitió a una reflexión más sosegada el sábado, pero avanzó que el texto "crea enfrentamientos en las comunidades educativas porque traslada la responsabilidad del Gobierno a los centros de enseñanza". A grandes rasgos también, indicó que la presencia del gallego de un tercio es "inconstitucional". "La ley que desarrolla el proceso de galleguización de la enseñanza tiene que ser progresiva y no se pueden aprobar normas que reduzcan la presencia del gallego con respecto a la norma anterior", argumenta. "No tiene fuerza jurídica porque es inconstitucional porque va contra la letra de la Lei de Normalización Lingüística y del espíritu de las últimas sentencias del Constitucional y del Supremo" que no otorgan a los padres potestad sobre el idioma en que estudian sus hijos.

En donde Callón ve un defecto, Galicia Bilingüe. que no interpreta la norma de la misma manera, también. Precisamente el colectivo que denunció la imposición lingüística que suponía, a su juicio, el decreto elaborado por el bipartito, catapultó al debate electoral del 1 de marzo la cuestión lingüística y logró que el presidente de la Xunta, cuando todavía era candidato, apoyase sus pretensiones.