Los coruñeses velan cada vez más por sus datos personales. Las denuncias interpuestas por ciudadanos de la provincia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) al considerar que alguna empresa u organismo infringió la ley orgánica de protección de datos de carácter personal se triplicaron en solo siete años al pasar de las 45 registradas en 2007 a las 206 de 2012, según la última Memoria de la AEPD. Unos datos que sitúan a A Coruña en el top ten de provincias con mayor número de denuncias por un supuesto mal uso de información personal. A Coruña ocupa el noveno puesto a nivel estatal, solo superada por Madrid (2.319 denuncias), Barcelona (576), Valencia (388), Sevilla (352), Las Palmas de Gran Canaria (288), Málaga (265), Alicante (243) y Asturias (216).

A nivel gallego, A Coruña concentra casi la mitad de las denuncias registradas en la comunidad (el 42,7%). Con 206 casos, le sigue Pontevedra (172) y a gran distancia Lugo (60) y Ourense (44). Los datos de Protección de Datos revelan que en solo un año las denuncias aumentaron un 33% en conjunto de la comunidad gallega aunque la evolución no fue igual en todas las provincias. Lugo fue la que registró un mayor incremento: un 172% al pasar de las 22 denuncias en 2011 a las 60 de 2012. A continuación se situó Pontevedra (50% al pasar de 114 a 172) y A Coruña (un 22% más, de 169 a 206). Tan solo Ourense registró un descenso en el número de denuncias presentadas ante Protección de Datos: bajó un 21% al pasar de 56 a 44 casos.

La legislación española establece que la información personal -datos como el nombre y apellidos, la dirección o el teléfono- solo podrán ser utilizados en relación con el ámbito específico para el que han sido obtenidos y que deben cancelarse cuando finalice la actividad para la que fueron recogidos. Además, la normativa distingue ciertos datos como "especialmente protegidos" y por ello, establece que la información sobre la vida sexual o la salud de una persona solo podrá ser recogida con el consentimiento expreso del afectado, que nadie puede obligar a un ciudadano a declarar sobre su ideología o religión o que los datos sobre infracciones penales solo pueden ser recopilados en ficheros de las Administraciones.

Cuando esto se incumple, el ciudadano tiene derecho a denunciar lo sucedido. Para ello debe presentar una reclamación ante Protección de Datos en la que hay que identificarse, presentar el problema y toda la documentación que pueda acreditar la supuesta infracción. Trámites que, durante el último año analizado (el 2012), iniciaron un total de 7.946 españoles, de los que 482 residían en Galicia, quinta comunidad con más denuncias, solo superada por Madrid (2.319), Andalucía (1.164), Cataluña (826) y Comunidad Valenciana (688). En el lado opuesto, zonas en las que no llegan ni al centenar de denuncias de este tipo: La Rioja (46) o Cantabria (86).

Pese a las miles de denuncias interpuestas, los procedimientos sancionadores resueltos no llegaron a 700 en todo el país. Se impusieron un total de 646 sanciones, la mayoría a empresas del sector de las telecomunicaciones (321), seguidas de entidades financieras (90), empresas de videovigilancia (63), servicios de internet (24) o partidos políticos (cinco), entre otros. Los datos por provincias revelan que A Coruña hubo 14 imputados en procedimientos de este tipo.

Las sanciones impuestas por el mal uso de datos personales de un tercero abarcan numerosos ámbitos, pero gran parte están relacionadas con las nuevas tecnologías. La Memoria 2012 de la Agencia Española de Protección de Datos revela que durante ese ejercicio se sancionó al padre de una niña de 10 años al ser el titular de una línea telefónica conectada a equipos desde los que la menor suplantó la identidad de otra niña en Facebook. La hija había abierto un falso perfil en el que criticaba y colgaba fotografías despectivas de cuatro profesores de su colegio. Un delito de suplantación de identidad está también detrás de la multa a una mujer que había creado un perfil falso en una red social con fotografías de la denunciante.

En otras ocasiones, el problema llega cuando se difunde excesiva información sobre una persona en una web. Este fue el caso de los propietarios de una cafetería -sancionados por colgar en una red social el parte de baja médica de una trabajadora-, un bombero que subió a YouTube un video grabado durante un acto de servicio, un religioso -que difundió en su blog dos sentencias judiciales que incluían datos de los padres de unos niños condenados por acoso escolar- o de un fotógrafo, que subió sin permiso en su web imágenes encargadas por un matrimonio y en las que salía su hijo.

Las administraciones también son sancionadas por este tipo de irregularidades. Un centro sanitario fue multado tras el robo de las historias clínicas de los pacientes por no estar almacenados de forma segura y un listado de 35 trabajadores se expuso en la web de contratación del Estado con datos personales como nombre, salario o DNI.