La Plataforma Estatal por la Escuela Pública confirmó hoy la convocatoria de huelga general en todos los niveles y sectores de la enseñanza el 9 de marzo próximo para exigir al Gobierno la derogación de la Lomce y una "hoja de ruta" hacia un pacto social educativo, no solo político.
La plataforma está integrada por los sindicatos CCOO, STES, UGT y CGT, los alumnos del Sindicato de Estudiantes, Frente de Estudiantes, Estudiantes en Movimiento y Faest; los padres de Ceapa y los Movimientos de Renovación Pedagógica.
El presidente de los padres de Ceapa, José Luis Pazos, instó a que el Gobierno comience por retirar el recurso "inaceptable" en el Tribunal Constitucional que pretende impedir que el Congreso tramite una iniciativa legislativa encaminada a suspender la Lomce.
Pazos arremetió contra nuevos recortes en educación que exige la UE cuando, aseguró, se trata de recuperar los miles de millones de inversión educativa pública perdidos durante la crisis.
El presidente de Ceapa también se manifestó contra cualquier nueva "contrarreforma" educativa, la "privatización" de la enseñanza y el "retraso" con que comenzará a trabajar la subcomisión parlamentaria que negociará el pacto educativo.
"La educación necesita un cambio sustancial y rápido (...) Necesitamos un acuerdo que nos lleve a la eliminación de la Lomce en en el plazo de seis meses", y una "nueva ley", que tiene que salir del Congreso, urgió Pazos, quien consideró prioritaria la recuperación de las plantillas docentes y de sus derechos sociolaborales, la bajada de las ratios escolares y volver a un sistema de becas basadas en la igualdad de oportunidades.
El secretario general de Enseñanza de CCOO, Francisco García, insistió en que el pacto educativo social "no se ve", solo el político. Garcúa también advirtió contra un pacto a cualquier precio, es decir, "no se puede aceptar cualquier acuerdo, sino que habrá que juzgar su contenido".
"Habrá pacto solo -precisó- si se garantiza el derecho a la educación y sirve para revertir los recortes y las condiciones sociolaborales del profesorado, derogar el decreto ley de racionalización del gasto educativo público, asegurar la equidad y la igualdad de oportunidades y rebajar las tasas universitarias". Y, sobre todo, "sin derogar la Lomce no entraremos en ningún pacto educativo", anunció.
Por su parte, Maribel Loranca, de UGT, denunció que el PP sigue comportándose como si continuara aún con mayoría absoluta, "ignorando" a los representantes de los trabajadores de la enseñanza, así que también hay razones laborales para la huelga general educativa, la tercera desde que gobierna el PP.
Loranca acusó al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, de querer "vender" el pacto cuando parece que se quiere hacer "de espaldas al profesorado y sus representantes".
La representante de UGT alertó contra un acuerdo político sobre educación que se convierta en un "trágala" para la comunidad escolar, y se preguntó, retóricamente, en qué foro se está hablando del pacto con los agentes sociales. Advirtió, además, sobre el hecho de que se pretenda reducir la participación de los agentes educativos en la negociación del pacto a "diez minutos de comparecencia" en la subcomisión parlamentaria. "No se puede levantar un pacto sobre los cimientos de una ley rechazada ampliamente social y políticamente", añadió la representante de UGT, en alusión a la Lomce.
En este sentido, Voro Benevent, de STES, demandó al Ministerio de Educación hechos, no una "fantasía de diálogo", pues "no existe".
En nombre de los estudiantes de Faest, Alejandro Delgado, hizo hincapié en cambiar el modelo de tasas universitarias y lamentó los miles de alumnos "expulsados" de la educación superior.
La secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Ana García, dijo que la huelga no solo es contra el Gobierno, sino también contra la dirección "golpista" del PSOE, y que no estará en ningún pacto con la patronal y la Iglesia católica.
Otros sindicatos representativos de la educación pública, como ANPE y CISF, consideran que no hay motivos ahora mismos para una huelga, como tampoco los ve FSIE, mayoritario en la escuela concertada y privada, que optan por el diálogo con la Administración.
También rechazan esta movilización los padres de Concapa, que son mayoría en la educación concertada.
