La Audiencia de Granada ha absuelto al único enjuiciado por el conocido como caso Romanones, considerada la mayor trama de pederastia eclesial de España y en la que estuvo implicado hasta el 7% del clero de la ciudad. El padre Román, acusado de abusos sexuales a un menor, ha resultado absuelto por la falta de persistencia de la acusación y la concurrencia de "graves contradicciones" en la declaración de la supuesta víctima. La sentencia de la Sección Segunda, notificada ayer a las partes, coincide con la retirada de la acusación que ya hizo la Fiscalía durante la última jornada de la vista oral el pasado marzo y se refiere a las "versiones de los hechos imprecisas y vacilantes" del joven denunciante.

La resolución, de ochenta páginas y contra la que cabe recurso de casación ante el Supremo, condena expresamente a la acusación particular al pago de las costas de la defensa. El fallo absuelve al sacerdote juzgado de los delitos de los que era acusado por las acusaciones particular y popular, ejercida por la asociación Prodeni, de abusos sexuales a menores con penetración e introducción de miembro corporal. La sentencia indica que, a lo largo del procedimiento, especialmente en el acto del juicio, se ha puesto de relieve la "inconsistencia del relato del acusador particular, sin apoyo periférico alguno y, al mismo tiempo, que determinadas circunstancias que él daba por ciertas e inequívocas, han sido desmontadas a través del material probatorio que obraba".

Según se recoge en la resolución, la absolución del procesado se basa no solo en la falta de pruebas, sino en la falta de convicción que el testimonio de la presunta víctima causa, con "aspectos absolutamente inverosímiles". También defiende la necesidad de la imposición de costas por la conducta "desleal" del denunciante durante el procedimiento al ir aportando datos de manera sucesiva, de menor a mayor gravedad, mintiendo respecto de circunstancias objetivas como la fecha de la llamada telefónica del Papa o la ausencia de contacto con el procesado a partir de mayo de 2007.

El caso se hizo público en noviembre de 2014, cuando fueron detenidos el padre Román M.V.C., dos sacerdotes más y un profesor de Religión, que sin embargo quedaron después en libertad con cargos, en un caso en el que estaban imputadas inicialmente un total de 12 personas. En once casos los delitos ya habían prescrito.