El Juzgado número 2 de Padrón ha acogido hoy la audiencia preliminar de la causa que se sigue por un supuesto delito de malversación de fondos públicos relacionado con la Fundación Cela, un caso pendiente de la apertura de juicio oral, como solicitan las acusaciones, o del sobreseimiento, tal y como reclaman las defensas.

En la pieza principal de este sumario, centrado en el abono de una indemnización de 150.000 euros por despido al gerente de la entidad cultural, Tomás Cavanna, la acusación por un presunto delito de malversación de caudales públicos recae sobre la que entonces era la presidenta de la fundación y viuda del escritor, Marina Castaño; sobre el expatrono y otrora miembro del Consello de Contas Dositeo Rodríguez y su hija Covandonga Rodríguez, además de sobre el propio ex gerente.

En la sesión de hoy, las partes han ratificado sus posturas, de modo que el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y la acusación particular, ejercida por el abogado Xosé María Rodríguez, que representa a Lola Ramos, la vecina de Padrón que advirtió de la existencia de presuntas irregularidades en la gestión económica de la Fundación Cela, han pedido la apertura de juicio oral para los investigados, que se enfrentan a penas de entre tres y seis años de cárcel.

Todos ellos entienden además que dicho juicio debe ser realizado bajo la fórmula de jurado popular al tratarse de un delito de malversación de caudales públicos.

Sin embargo, las defensas han exigido hoy el sobreseimiento, y, en todo caso, han reclamado que de continuar adelante el proceso, se realice y se juzgue de forma ordinaria en un juzgado de lo penal.

Es justo lo que ha señalado la defensa de Dositeo Rodríguez y de su hija, ejercida por el letrado Evaristo Nogueira, que a su salida del juzgado ha reiterado que "no hay indicio alguno para la apertura de juicio oral" al entender que las indemnizaciones se fijaron con "total y absoluta transparencia".

Además, ha recordado que hay "dos datos que corroboran nuestra tesis", por lo que el caso no tendría más recorrido, ya que entiende que "los hipotéticos perjudicados de todo esto serían dos instituciones" que no se han personado en la causa.

"La Xunta, que no se personó, no formula acusación, por lo tanto no se siente para nada perjudicada", al igual que "la propia Fundación Cela, a quien se le ofreció ser acusación y dijo que no", ha explicado.

Por ello, ha insistido en que el hecho de que ninguna de las dos instituciones se sienta perjudicada avala la tesis de la defensa, en tanto que todas las actuaciones se llevaron a cabo con "transparencia y legalidad".

Bajo esa premisa, piden el sobreseimiento del procedimiento y, en el escenario de que siga adelante, interesan que el juzgado competente sea uno ordinario y no el tribunal del jurado que, a su entender, no es "competente" en dicha causa.

Por su parte, el abogado de la acusación, Xosé María Rodríguez, ha pedido la apertura del juicio en la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, que es el "organismo competente".

En este sentido, espera que la Audiencia se pronuncie en breve sobre el recurso de apelación, que para él se trata de una "prueba más" con el único fin de "seguir dilatando el proceso".