El profesor de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) Luciano Méndez Naya -que afirmó que la víctima de La Manada "disfrutó" y que defiende la absolución de los acusadosprofesor Universidade de Santiago de Compostela Luciano Méndez Nayavíctima de La Manada-, instó ayer a la institución académica a que lo expulse porque no se va "a callar" y espera que su cese "valga para algo". El docente publicó ayer un nuevo vídeo en su muro abierto de Facebook en el que considera "seria y preocupante" la "actitud de la Universidade", tras constatar que le envió "un correo" en el que dice que le abre un expediente informativo, del que él mismo ha filtrado su respuesta.

"No me voy a prestar a tonterías, no me voy a prestar a nuevos expedientes para que me anden mareando y después no sé qué. Entonces, que preparen un expediente de expulsión de la Universidad. Solo confío en que si tiene alguna repercusión mediática, como se me hace creer, que mi expulsión valga para algo", señaló el docente. "Que se me expulse de la Universidad -continúa- porque callar no voy a callar. Si lo que se pretende es que calle la boca porque se me amenaza con expulsarme de la Universidad, entonces me conocéis muy poco".

Le gustaría que "este hecho, esta injusticia manifiesta, por lo menos tuviera alguna repercusión, aunque no fuera más que en las mentalidades de las personas", señaló. En ese sentido, defendió que cuando firmó "el contrato de funcionario", nadie le dijo "que estaban secuestrando" su "pensamiento" y su "libertad de opinar". "Es preocupante que la Universidad, la gente que toma estas decisiones en la universidad, haga cosas de este calibre", añadió.

El profesor, para el que un centenar de alumnos solicitaron la inhabilitación en una protesta frente al rectorado esta misma semana, reconoce que la Universidad "a lo mejor" no es su sitio porque sostiene que él no es "gente de esa calaña" y le preocupa "relativamente" la posibilidad de que lo expulsen, pues no le "asusta un cambio" en su vida. Compara la USC con la política y dice que en ella todos cobran "un sueldo considerable", pero "trabajar, muy poco". "A ver si este es el último vídeo, que no tengo mucha más ganas de seguir con esta historia", concluyó tras denunciar otras presiones de carácter íntimo y personal.

El profesor publicó el pasado 7 de mayo un vídeo en su muro abierto de Facebook en el que afirma que la víctima de La Manada, a la que se refiere como "la tipa", sabía a lo que iba, que "disfrutó"profesor vídeo víctima de La Manada y que la Audiencia Provincial de Navarra debería haberla condenado por haber denunciado "tonterías" de "feminismo radical".

Desde la USC rechazaron ayer entrar a valorar el nuevo vídeo colgado por el docente y recuerdan que ya le fue abierto un expediente informativo para determinar si Luciano Méndez incurrió en algún tipo de irregularidad con sus afirmaciones. En días anteriores, el rector electo de la USC, Antonio López, consideró que las manifestaciones realizadas por este profesor de Ciencias Económicas -que ya fue sancionado en 2016 por la universidad por comentarios machistas contra alumnas- pueden constituir "un delito penal". Además, López subrayó que "si hay indicios" es partidario de acudir a la vía penal al considerar que se trata de una "situación grave".

Por otra parte, más de un centenar de entidades, la mayoría colectivos de mujeres, pero también partidos políticos y sindicatos, presentaron ayer una denuncia dirigida a la Fiscalía General del Estado para que investigue la filtración de datos de la víctima de la "jauría" de La Manada, una iniciativa que, a través de Alerta Feminista, en apenas cinco días ha ido sumando apoyos en todos los territorios porque se han "triturado" los derechos de la denunciante. El objetivo es, según explicó Herminia Royo, "mostrar nuestra fuerza y decirle al patriarcado que no estamos dispuestas a tolerar estas conductas" ya que el artículo 198 del Código Penal establece penas de hasta siete años de cárcel para los responsables de filtraciones. La acción va dirigida tanto a los medios de comunicación que difundieron los datos como a las personas individuales que se hicieron eco de ellos.

Asimismo, Raquel Gaspar, activista feminista y fotoperiodista, que firma la denuncia, pide depuración de responsabilidades en la propia justicia por la inclusión en la sentencia del código de verificación que ha permitido el acceso a los datos. "La primera responsable subsidiaria que hay es la Justicia, el tribunal de Navarra", señala.