Derechos Humanos de Filipinas concluye que la Policía disparó a matar a Diego Bello

El informe elaborado por la Comisión de Derechos Humanos del la República de Filipinas concluye que la Policía del país disparó "deliberadamente" para matar al coruñés Diego Bello y desmonta la versión del jefe de la Policía, Vicente Panuelos, de que los disparos que salieron de las armas de los agentes fueron en legítima defensa para repeler el ataque del joven empresario. Lo hace en un informe de 27 páginas, tras hablar con conocidos del fallecido, también con las autoridades del país y con el personal sanitario que atendió a Bello, además de con los policías implicados en el suceso.

"Diego no necesitaba haber sido disparado tantas veces cuando podría haber sido sometido o dañado con un único disparo", explica la comisión en su argumentación. En la que asegura que, con un solo disparo hubiese sido suficiente para reducir a Diego Bello y continuar con la operación policial. "No había necesidad de que muriese instantáneamente", dicen los investigadores, como así fue, después de haber recibido seis disparos en lugares clave del cuerpo: en la cabeza, en la parte izquierda superior del pecho, en la parte derecha del abdomen, en el glúteo derecho y en el pie derecho, según revela la autopsia.

"La naturaleza, la localización y el número de heridas que tenía Diego infieren que fueron deliberadamente infligidas", sentencia también la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas, que realizó el informe motu proprio para esclarecer las extrañas circunstancias en las que se produjo la muerte del coruñés Diego Bello, el pasado 8 de enero, cuando regresaba a casa después de trabajar en uno de los locales que tenía en Surigao del Norte, donde residía con su pareja.

La cantidad de agentes en la operación policial, que no fueron especificados, y el lugar de los disparos que acabaron en el cuerpo de Diego Bello y que causaron su fallecimiento inmediato son importantes, ya que no estaban destinados a reducir al objetivo sino, tal y como detalla la comisión, "deliberadamente" a acabar con su vida y supone, a juicio de la comisión "un uso excesivo de la fuerza".

La Comisión de Derechos Humanos no da crédito a la versión del jefe de la Policía, Vicente B. Panuelos, que aseguró que Diego Bello había sido abatido en legítima defensa y en el marco de una operación antidroga. Desmonta esta versión por tres motivos: Las pruebas revelan que "Diego no llevaba nada y que tampoco se puede ver ningún bolso con hebilla en su cintura". Este dato es importante, ya que el agente dijo que había sacado de esa bolsa una pistola. La otra razón es que los vecinos no escucharon ninguna voz de advertencia de los policías hacia Bello, sino "ráfagas de disparos". Lo mismo escuchó su novia, que estaba despierta en casa, supo que Diego había llegado porque oyó su moto y también lo escuchó intentar abrir la puerta de bambú de su casa y, después, solo disparos y la voz de su novio gritando. Tras los fogonazos, pasos y el murmullo de gente.

Los investigadores concluyen también que no hubo "proporcionalidad" en la actuación. "No hay duda de que los seis disparos proceden del operativo policial", sentencian. "¿Son esos seis disparos suficientes para repeler la agresión? O son seis disparos ya tantos que Diego murió instantáneamente", cuestiona.

"Lo que le gustaría señalar a esta Oficina es que la defensa propia no se puede tomar como una certeza", dice el informe que, más adelante, señala: "La muerte de Diego es una irregularidad que destroza esta hipótesis." y apostilla que hubo "arbitrariedad en la manera en la que [la Policía] mató a Diego", ya que, según el jefe de la Policía, los agentes estaban en el lugar porque habían hecho una redada contra el coruñés, al que acusaban de ser el narcotraficante "número uno en la región de Caraga". En este punto también se detiene la investigación, ya que el nombre del coruñés no aparece entre los sospechosos de narcotráfico de la lista Barangay, por lo que descartan que la redada fuese por este motivo.

"En ausencia de ningún pronunciamiento oficial de que el equipo de la redada liderada por el jefe de la Policía Panuelos se estaba defendiendo durante el operativo, la muerte de Diego no es castigada por ninguna ley, y podría ser considerada una ejecución sumaria", concluye, por lo que considera que, la legítima defensa debería ser probada en "un procedimiento independiente". Y tilda de "temblorosos" los fundamentos sobre los que se sostiene.