Un primer paso crucial para A Coruña

Cumbre en A Coruña: Las administraciones renuncian a privatizar los muelles del centro y se replantearán qué hacer con San Diego

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El pasado miércoles, el palacio de María Pita fue escenario de la firma de un protocolo de colaboración entre el Concello, la Xunta, el Ministerio de Transportes, Puertos del Estado, Adif y la Autoridad Portuaria, del que tendrá que salir la transformación urbanística de los terrenos del puerto de A Coruña que queden liberados por el traslado de las industrias a punta Langosteira. La reunión fue fruto de largas negociaciones en las que el Ayuntamiento coruñés se encargó de ir sumando aliados para la que pasa por ser la gran operación, y no solo urbanística, que le queda a la ciudad. Se trata de algo más que de construir casas o no. Lo que está en juego es la definición de la fachada de la ciudad, de su carta de presentación.

De ahí la importancia de este encuentro que, además, destacó tanto por estar presentes en él todas las partes involucradas en la enajenación del suelo portuario como por el hecho de que, por primera vez, los representantes del Estado firmaron un documento oficial en el que se señala directamente la necesidad de que el suelo liberado mantenga su carácter de público.

Evidentemente, se trata de un primer paso que tendrá continuidad el próximo mes con la constitución de la comisión para la transformación de la fachada marítima y en la que los representantes de las administraciones que firmaron el protocolo de actuación y de los grupos municipales se tendrán que encargar de bajar a lo concreto la indefinición que, en el fondo, supone ese compromiso con la titularidad pública de los terrenos, la garantía de las actividades portuarias y la solvencia del puerto.

De hecho, el protocolo deja claro el destino que correrán los muelles del centro (Batería y Calvo Sotelo) por su “centralidad urbana”, lo que supone la renuncia del Estado a su venta después de años de negativas. Un camino que la Fundación Marta Ortega ya marcó de una manera magistral, al demostrar que se pueden desarrollar actividades culturales de primer nivel mundial sin tener para ello que demoler las viejas infraestructuras portuarias que forman parte del skyline no solo de la ciudad, sino también de ese horizonte industrial que los coruñeses llevan en sus recuerdos.

Lo que ya no está tan claro es si la zona de San Diego y el puerto petrolero correrá el mismo destino. En esta área, su futuro queda en estudio, ya que el documento rubricado indica que “los usos y la titularidad” de los espacios “han de analizarse a la luz de la situación actual del puerto y de la ciudad”, reconociendo que esta es “muy diferente” a la de 2004, cuando se firmaron los convenios originales. Pero el protocolo deja la puerta abierta a que en la zona se venda parte del suelo y haya vivienda, de modo que se puedan generar los ingresos que el Puerto necesita para afrontar los pagos de la deuda por la construcción de punta Langosteira, toda vez que, es evidente, el Estado no parece dispuesto a asumir el coste de la condonación de los casi 270 millones a los que tiene que hacer frente la Autoridad Portuaria coruñesa.

En líneas generales, en el acuerdo se describe la zona como “un espacio urbano moderno y sostenible” que permitiría “la necesaria generación de recursos económicos por parte del Puerto”. El acuerdo, facilitado por el Concello, incluye la definición del “traslado y reposición” de la terminal de mercancías de San Diego.

Habrá que esperar a que comiencen las reuniones y los trabajos de la comisión para conocer las soluciones que se van planteando a cada una de las diferentes zonas que serán enajenadas, pero lo más destacado es que, por fin, los diferentes actores de esta intervención están dispuestos a sentarse y a hablar, y, eso, después de los años de inmovilismo, ya es todo un triunfo.