El Gobierno central descarta “por el momento” emprender acciones legales para reclamar la titularidad de la casa Cornide por la vía judicial. Así lo afirmó la Dirección General de Patrimonio del Estado en respuesta a una pregunta emitida por el diputado Antón Gómez Reino, de Galicia en Común, en el que preguntaba al Ejecutivo por sus planes a la hora de personarse en la causa. Un horizonte que el Gobierno central deshecha al no encontrar “indicios” de que la casa Cornide, hoy en manos de la familia Franco, “pueda ser de titularidad estatal”. La premisa lleva a la Administración central a no considerar “pertinente” iniciar el expediente de recuperación.
El Gobierno local, por su parte, sí ha confirmado públicamente su intención de reclamar la propiedad de la casa Cornide en los tribunales. Fuentes municipales afirmaron, en diversas ocasiones, que la demanda sería presentada de forma “inminente”, una circunstancia que, no obstante, no se ha llegado a producir por el momento.
Sobre la mesa hay una serie de argumentos que contradicen el parecer de Patrimonio del Estado. Un informe jurídico encargado por el Concello a la Universidade da Coruña y hecho público a finales de 2020 concluye que sí existe base legal para iniciar acciones judiciales para recuperar el bien. El documento, redactado por los catedráticos Carlos Aymerich, Carlos Amoedo y José Manuel Busto, presenta una serie de argumentos que fundamentan la reclamación de la casa Cornide por las vías civil y administrativa, y avala la legitimidad de dos administraciones para iniciar este proceso: tanto el Concello de A Coruña como el propio Estado.
Según lo recogido en el escrito, el Estado tendría argumentos para reclamar la casa Cornide, en primer lugar, mediante la desafectación del bien. El Ministerio de Educación permutó la casa en 1962 con el Concello sin desafectar el bien del uso al que estaba destinado, lo que incumple la normativa vigente. Como consecuencia, los negocios que se hicieron después con la casa, tanto la permuta como la venta, serían nulos.
Otra de las cuestiones en las que podría estribar la petición judicial de recuperación, detalla el informe, estriba en el hecho de que no existió, en su momento, autorización de la Dirección General de Bellas Artes en las sucesivas transmisiones del bien tras la permuta, un requisito que establecía la ley de 1931 para proteger el patrimonio histórico, y condición necesaria para todos los bienes de cierta antigüedad. El carecer de dicho permiso dejaría sin efecto las operaciones de venta y permuta, una prueba que podrían esgrimir tanto el Ayuntamiento como el Estado para iniciar acciones.
Otro de los argumentos que, según el documento, fundamentaría la reclamación, remite al Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales. La venta de Cornide a través de pública subasta infringe dicho reglamento, del año 1955, en varias cuestiones. En primer lugar, dicha normativa explicitaba la prohibición de las autoridades de la administración del Estado para ser contratistas. La casa fue vendida a Franco, en régimen de gananciales con Carmen Polo, y, por ende, a la mayor autoridad del Estado. En la misma acta del pleno en el que se acuerda la venta en subasta a Pedro Barrié de la Maza, consta la intención del banquero de regalar la propiedad a Carmen Polo, con lo que se acredita el conocimiento del Concello sobre el hecho de que la casa pasaría a manos del Jefe del Estado.
Las condiciones de la operación, además, eximen a Carmen Polo, tras el traspaso, de las cláusulas establecidas para concurrir a la puja: la prohibición de vender el inmueble en los diez años posteriores a la subasta, y la necesidad de autorización por parte del Concello de cualquier modificación de la propiedad, previa presentación de los planos y del proyecto. Según el reglamento, cuando hay una modificación sustancial de las condiciones de la subasta, es necesario proceder a una nueva licitación. El Concello podría utilizar a su favor esta violación del reglamento para iniciar una reclamación.
Por último, y siempre según lo recogido en el informe jurídico, el Consistorio coruñés también está refrendado para impulsar acciones legales por la vía civil. En este caso, la cuestión es similar a lo ocurrido con el pazo de Meirás. El informe acredita una operación de compraventa simulada del bien, fundamentada en las actas de las sesiones plenarias, en la correspondencia del secretario personal de Franco y en los elementos que rodearon dicha compraventa. En este punto, es especialmente relevante el hecho de que el propio Ayuntamiento sufragó los gastos de mantenimiento de la casa hasta mucho después de haber sido traspasada a Carmen Polo. Así lo detalla otro informe, en este caso histórico, elaborado por el arquitecto Xosé Manuel Casabella a encargo del Ejecutivo anterior, con Marea Atlántica en la alcaldía. El documento constata que el Ayuntamiento abonó 1,2 millones de pesetas en la reforma de la casa Cornide entre 1963 y 1964, dos años después de habérsela vendido por 300.000 pesetas a Pedro Barrié de la Maza.
Las facturas conservadas en el Archivo Histórico Municipal revelan cuantías de un millón de euros con certificaciones en las que consta la firma del arquitecto municipal. Este importe, sumado a las 177.944 pesetas abonadas en 1963, cuando la casa ya era de los Franco, arroja que el Ayuntamiento pagó por la reforma del edificio cuatro veces más que el dinero que consiguió con su venta. “La respuesta del Gobierno elude la cuestión principal. Dice que no constan indicios de que sea de titularidad estatal, pero eso no quita que sea de titularidad pública. Era de titularidad pública cuando Carmen Polo obtiene el inmueble. Fue una operación fraudulenta, nepotista y que simboliza el trato de la derecha española con lo público”, juzga José Manuel Sande, quien fuera concelleiro de Culturas en la etapa de Marea Atlántica.
Para Sande, la constatación de de que el Concello pagó en su momento una serie de intervenciones en la propiedad “da respaldo” a emprender las acciones legales para su recuperación. “Podría estar resuelto, como se resolvió el desalojo de Franco del Valle de los Caídos. Hay una contradicción evidente. La memoria histórica era una preocupación inicial muy marcada para el Gobierno español. Es desilusionante que no se aproveche esta oportunidad histórica”, lamenta.
