El Gobierno de Núñez Feijóo tumbará mañana el mayor concurso eólico de la historia de Galicia. El Consello, en su reunión del jueves, "dejará sin efecto" la adjudicación provisional firmada por el bipartito en diciembre de 2008 de casi 2.300 megavatios de energía eólica. Setenta y ocho proyectos fueron entonces admitidos a trámite por la Consellería de Innovación e Industria, que dirigía el nacionalista Fernando Blanco, entre ellos los promovidos por las cajas gallegas, principales beneficiarias. La resolución de este multimillonario concurso fue muy polémica al considerarse una responsabilidad exclusiva de la parte nacionalista del bipartito. De hecho, las consellerías socialistas se desmarcaron de la fase final del proceso por no haber sido informadas y amenazaron con introducir reformas antes de que fuese aprobado definitivamente. Ya no hará falta: la nueva Xunta del PP anulará todo el proceso.
Feijóo prometió ya en campaña electoral derogar el concurso eólico para "hacer las cosas conforme al derecho y a los intereses generales de Galicia". Además, garantizó "transparencia, objetividad, seguridad jurídica y fiabilidad", pues dudaba de la legalidad del proceso y denunciaba que se había convertido en manos del BNG en "una subasta trucada que puede ser recurrida ante los tribunales".
Informes jurídicos
Tras su investidura como presidente, los asesores jurídicos de la Xunta han elaborado informes que ofreciesen un respaldo legal a una decisión difícil. Porque el propio Feijóo advertía hace unos días en una entrevista en TVG de que si sus juristas le aconsejaban que "lo más prudente es mantener la adjudicación provisional", así lo haría, pues lo que está en juego es "muchísimo dinero" público. El presidente gallego no quería arriesgarse a cumplir una promesa y que luego las empresas beneficiadas por el concurso eólico solicitasen una indemnización millonaria que pudiese provocar un quebranto en las arcas autonómicas.
Sin embargo, según ha podido saber este diario, finalmente el acuerdo adoptado es anular el polémico concurso eólico del bipartito, al que Feijóo llegó a definir como "el movimiento de mayor trascendencia económica hecha por un gobierno de la Xunta en 27 años de autonomía".
Tomar la decisión costó al Gobierno del PP de Galicia más de tres meses, pues la Asesoría Jurídica escrutó pros y contras y también las alternativas. Así, estudió cada uno de los cincuenta recursos contra la resolución del bipartito por empresas excluidas del concurso. De su análisis, concluyó que los fundamentos jurídicos de las demandantes eran solventes, por lo que si llegaban a los tribunales lo más probable sería que la Justicia tumbase el concurso. De hecho, Iberdrola, líder mundial en renovables y la segunda firma con más potencia eólica en funcionamiento en Galicia, ya había recurrido al Tribunal Superior de Xustiza.
El Gobierno de Feijóo también tuvo presente la posible reacción de las empresas a las que el Ejecutivo de Touriño benefició en el reparto eólico, que ya han alertado de que defenderán sus derechos y no se cruzarán de brazos si se les arrebata su parte del negocio. Aunque con ellas también se habló, el departamento que dirige el conselleiro Javier Guerra ha decidido que lo mejor es "dejar sin efecto" el reparto de la tarta eólica.
Participación pública
Una de las razones para renocar la decisión del bipartito es que en su momento los nacionalistas primaron en la adjudicación de megavatios a los proyectos que cedían a la Xunta participación en los beneficios. Calculaban que la Administración se quedaría con el 14% de los megavatios, lo que supondría para las arcas públicas un ingreso anual de 30 millones de euros anuales.
Sin embargo, el equipo de Núñez Feijóo ha detectado una posible irregularidad jurídica en esta regulación. La entrada de la administración en una empresa privada no se puede decidir por decreto, sino que debe hacerse a través de una ley. No obstante, la nueva Xunta no renuncia a hacer negocio con el viento. Así, además de fijar los nuevos criterios que definirán el próximo concurso, se plantea crear por ley un impuesto para las empresas de molinos, cuya recaudación se repartiría, a modo de compensación, entre el Gobierno autónomico y los ayuntamientos donde se explota el viento. El canon podría ser similar al que ya pagan las empresas que explotan minicentrales eléctricas en territorio gallego.
