La crisis económica seguirá siendo el problema principal al que enfrentarse en este curso político a pesar de los atisbos de recuperación que ya ven algunos, unos "brotes" que no impedirán que siga siendo necesario un importante esfuerzo para paliar efectos como el desempleo.
Pero no será el único desafío: como todos los otoños, el Gobierno presentará los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene, que esta vez deben ser más austeros que nunca para no engordar el déficit ya desbocado, y han de convencer a un arco parlamentario cada vez más reticente a dar su apoyo al Ejecutivo en lo que a materia económica se refiere.
Además, el sistema financiero deberá enfrentarse al proceso de reestructuración que quieren para él tanto el Gobierno como el Banco de España, con la previsible fusión de numerosas cajas y mediante la aplicación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
Expertos nacionales e internacionales, y también el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirman que lo peor de la crisis ya ha pasado, pero la tasa de desempleo seguirá creciendo y continúan hundidos el consumo y la inversión, por lo que habrá que seguir tomando medidas para ayudar a la recuperación.
Para hacerlo, el Gobierno puede que tenga a su lado a los sindicatos, pero no a la patronal. Entrado el verano se escenificó la ruptura del diálogo social, un instrumento que según quienes lo componen es imprescindible para salir de la crisis pero que ahora está muerto y sin visos aparentes de recuperarse a corto plazo.
La CEOE, a la que sindicatos y Gobierno culpan del cisma, quiere retomar las conversaciones "sin líneas rojas y sin perímetros", es decir, sin miedo a abordar una reforma laboral, pero las otras dos partes insisten en pedir al empresariado que rectifique y abandone su postura maximalista.
Una posibilidad de volver a acercar posturas será la reunión que ha prometido Zapatero para la primera quincena de septiembre, aunque en ella se tratará un tema a priori menos espinoso: la futura Ley de Economía Sostenible, con la que el Gobierno quiere impulsar el cambio de modelo económico.
Independientemente de que lo que ocurra con el diálogo social, el Gobierno tiene que poner encima de la mesa en las próximas semanas una modificación de su última gran medida contra la crisis: la prestación de 420 euros para parados que se han quedado sin cobertura.
A ello se ha comprometido también Zapatero, que admite que la prestación debería llegar a más gente y no sólo los que perdieron la cobertura a partir del 1 de agosto, aunque quiere consensuarlo con los sindicatos y los grupos parlamentarios.
También en septiembre empezarán las conversaciones del Gobierno y el PSOE con los grupos parlamentarios para buscar apoyos a los Presupuestos. Pero no lo tendrán fácil.
CiU, por ejemplo, no apoyará ningún proyecto económico si el Gobierno quiere subir los impuestos a las rentas más altas, una posibilidad que citó el ministro de Fomento, José Blanco, y que ha sido duramente criticada por los partidos conservadores y alabada por la izquierda y los sindicatos.
El viernes, tras el Consejo de Ministros, Zapatero confirmó que habrá subidas de impuestos, pero no detalló para qué tributos o contribuyentes, y aseguró que en cualquier caso serán "limitadas y temporales".
Mientras, el otoño se prevé animado en el ámbito financiero, en pleno inicio de reestructuración.
Es probable que en los próximos meses avancen en sus procesos de fusión las cajas andaluzas Unicaja, Cajasur y Caja Jaén, y las catalanas Caixa Sabadell, Terrasa y Manlleu.
También está abierta a unirse a otras entidades la segunda caja española, Caja Madrid, cuyas intenciones podrían conocerse en los próximos meses.
En medio de este proceso sigue siendo débil la concesión de créditos, lo que tampoco ayuda a que la economía despegue.
En el ámbito agroalimentario seguirán siendo prioritarios el cumplimiento del acuerdo del sector lácteo y la evolución del conflicto planteado por las organizaciones agrarias en relación con los bajos precios recibidos por los productores.
El posible endurecimiento de la ley antitabaco o el temor a la subida de impuestos en las bebidas alcohólicas también preocupan al sector.
Además, está pendiente la renovación del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Marruecos, que afecta especialmente al sector hortofrutícola o el establecimiento en diciembre de los Totales Admisibles de Capturas (TAC'S) y las cuotas pesqueras para España.
