El escándalo de espionaje industrial en Renault, donde tres directivos han sido apartados por supuesta filtración de los planes estrella de la multinacional francesa sobre el vehículo eléctrico a empresas chinas, no es un caso aislado. La automoción gallega también ha sido víctima de esta práctica ilegal que mueve cientos de millones cada año. En 1996, Citroën despidió a tres empleados por la supuesta entrega de documentación confidencial a la competencia sobre el lanzamiento estrella en aquel momento, la primera versión de las furgonetas Berlingo-Partner, llamadas a revolucionar el mercado de los vehículos industriales ligeros.
Los cargos no pudieron probarse entonces, y los despidos apenas tuvieron eco en los medios de comunicación, pero los trabajadores más veteranos recuerdan el episodio como si fuera ayer. Tres cargos intermedios vinculados al desarrollo del Citroën Berlingo y el Peugeot Partner fueron despedidos y acusados de pasar información sobre los modelos a Renault, en concreto, datos sobre el nuevo sistema de puerta lateral de corredera que estrenaron ambas furgonetas, cuyo desarrollo llevó más de cinco años. Estas acusaciones no pudieron probarse, pero un año después del lanzamiento, Renault lanzaba el Kangoo, hasta hoy en día el principal competidor de las furgonetas que se fabrican en Galicia.
Este episodio de espionaje obligó a la factoría gallega a extremar la seguridad en torno a la información sobre los nuevos lanzamientos, cautela que se ha extendido a todo el panel de proveedores de la multinacional en Galicia. Las empresas obligan a empleados y auxiliares a firmar multimillonarias cláusulas de confidencialidad para proteger sus secretos industriales de la competencia.
A esto se suma un estricto control sobre las llamadas telefónicas, emails y cualquier medio que se utilice para trabajar con información confidencial, y la prohibición de utilizar teléfonos con cámara de fotos en el interior de la mayor parte de los centros de producción. Un ejemplo del celo que guarda el sector sobre sus proyectos industriales es el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia, en el que cualquier visitante debe firmar una cláusula de confidencialidad si revela imágenes o informaciones no autorizadas.
El caso más conocido en España sobre espionaje en el sector del automóvil sucedió en 1993. General Motors acusó entonces a su ejecutivo José Ignacio López de Arriortúa, conocido después como Superlópez, de haberse apropiado ilícitamente de documentos y de haber revelado secretos a su nueva empresa, el grupo Volkswagen.
