Caixa Galicia ocultó pérdidas en 2009 y su morosidad era cuatro puntos superior al declarado según se desprende de un informe elaborado por el Banco de España tras realizar inspecciones en la caja durante la última etapa de José Luis Méndez como su máximo responsable. "La última de las actuaciones, referida a la situación a 31 de marzo de 2009, sucesivamente actualizada en lo necesario durante 2009, puso de manifiesto un elevado nivel de morosidad", apunta el análisis elaborado justo al comienzo de la integración de las cajas, en diciembre de 2010. "Del 5,3% (declarado por la caja) al 9,3%, después de ajustes -continúa el informe-, derivado principalmente de su concentración del sector promotor-inmobiliario, así como importantes necesidades de saneamientos adicionales para la cobertura de las carteras crediticias y de activos recibidos en pago de deudas".
La media de impagos declarados por el sector en aquel momento, a mediados de marzo de 2009, se situaba en el 4,96%. Con la fiscalización de la entidad, los inspectores obligaron a reconocer como dudosos 39 préstamos que sumaban 798 millones de euros, y como subestándar -es decir, con muchas posibilidades de acabar fallidos-, otros 26 créditos por un total de 425 millones de euros. Las correcciones además en activos específicos que estaban con menos provisiones de las que requerían alcanzaron los 394 millones de euros, de los que 330 millones estaban sin cubrir a 31 de diciembre de 2009, según consta en el documento.
Los mismos desequilibrios se extendían a los activos adjudicados. A los inmuebles y suelo que Caixa Galicia acumuló por la quiebra de sus respectivos pagadores, sobre todo promotoras. Las "necesidades adicionales" para la limpieza de esta parte de la cartera alcanzaron los 208 millones de euros, "quedando pendiente de contabilizar saneamientos específicos por un importe de 127 millones".
Los inspectores, según reflejaron en su informe, identificaron "colectivos de operaciones de riesgo inherente elevado que figuraban calificados como normales". Las pérdidas potenciales en este caso se situaban, "al menos", en 348 millones de euros, de los que 250 millones venían del negocio del ladrillo directo y 98 millones más de hipotecas de clientes minoristas. El montante de provisiones adicionales ascendía, según el Banco de España, a 805 millones.
"Por otra parte, de los análisis efectuados -destaca el informe de Supervisión-, se constató la existencia de operaciones de cobro problemático contabilizadas como riesgo normal, en las que era práctica habitual la concesión de periodos de carencia y la refinanciación de intereses devengados, vencidos y no cobrados, sin adecuada justificación".
El documento del regulador incide en que la caja que presidía Méndez "no tenía establecidas políticas suficientemente documentadas sobre las características económicas que han de acreditar estas operaciones en el momento de su refinanciación ni sobre el tratamiento contable de las mismas".
