La Xunta aseguró ayer a los trabajadores de Alcoa que el presidente mundial del grupo, Klaus Kleinfeld, mantuvo el miércoles una reunión en Nueva York con Mariano Rajoy para tratar el futuro de las plantas españolas de la multinacional estadounidense fabricante de aluminio, que están pendientes de la negociación de una tarifa eléctrica competitiva que las permita seguir abiertas. El Gobierno autonómico no informó en cambio de las conclusiones del encuentro. Los comités de empresa, presentes en una concentración de protesta en Santiago, manifestaron que la cita con Kleinfeld que el presidente del Gobierno español mantuvo durante su viaje diplomático a EEUU "puede ser positiva", aunque exigen al dueño del grupo Alcoa que se desplace a España para buscar una solución.
Las demandas de los trabajadores de Alcoa fueron reiteradas en el transcurso de una concentración que reunió en Santiago a 1.000 empleados de las cinco fábricas de la compañía en España (A Coruña, San Cibrao, Avilés, Amorebieta y Alicante). Tanto el presidente del comité de empresa de A Coruña, Nazario Arias, como el de San Cibrao, José Luis Combarro, señalaron que las plantillas del país han remitido ya un escrito al máximo responsable de la multinacional para que viaje a España, como ya lo hizo ante una situación similar en Brasil, y busque el modo de garantizar la continuidad de las fábricas.
"Entendemos que ese encuentro entre Rajoy y Kleinfeld puede ser positivo, aunque no sepamos qué se decidió", comentó Arias, quien recordó que las plantas que Alcoa tiene en Brasil y Australia consiguieron rebajas en la tarifa eléctrica este año. Combarro añadió que la petición hecha por la Xunta al Gobierno central es que haya una solución antes del próximo 3 de octubre, un día antes de que se celebre el consejo de Alcoa en EEUU. Los centros gallegos temen que en esa fecha el grupo decida paralizar su producción en España.
Ambos representantes de los trabajadores fueron recibidos ayer por el conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, quien les transmitió que entre los problemas que trata de solucionar la Xunta en la actualidad "dos de los grandes" son el futuro de Navantia y el de Alcoa.
La revisión de la tarifa eléctrica que pagan los grandes consumidores es la principal demanda de Alcoa, ya que representa el 40% de los costes de las plantas de aluminio. Para que en la actualidad tenga un precio "medianamente competitivo", la tarifa debería reducirse en "un 15% o 20%", apunta Arias.
Las plantillas gallegas también reclamaron a Guerra que si se resuelve el problema de la tarifa eléctrica, Alcoa ofrezca garantías de que se conserven los puestos de trabajo y no plantee una disminución de trabajadores o ERE. La planta de San Cibrao tiene 1.150 empleados y la A Coruña, 400, de los que más de 200 están afectados por ERE. Otra de las reclamaciones de la plantilla es que se realicen inversiones tecnológicas que supongan ahorros operativos y de consumo.
La tarifa eléctrica que paga Alcoa y el resto de los grandes consumidores se estructura en dos bloques: una parte está regulada por el Gobierno, mientras que en la otra el precio se deriva de los contratos bilaterales firmados con las compañías eléctricas. Alcoa quiere que el Gobierno defina cuáles van a ser las condiciones de ese tramo regulado y que le facilite la firma de nuevos acuerdos bilaterales a precios competitivos.
Nazario Arias manifestó ayer que si no se da una solución a la tarifa eléctrica para grandes consumidores, Alcoa será "la primera en caer". "Pero detrás vendrán otras", alertó. Por ello, pidió al ministro de Industria, José Manuel Soria, que pase "de las palabras a los hechos".
"Antes del fin del ejercicio, y tras el cierre del déficit de tarifa, el Ministerio de Industria presentará una nueva ley del sector eléctrico para que podamos avanzar en la liberalización del sector y en la mejora de la protección del consumidor", avanzó ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos.
La concentración de ayer ante los edificios administrativos de San Caetano congregó al mayor número de trabajadores de Alcoa desde que comenzaron las protestas en Galicia a comienzos de año. El acto, en el que los afectados pidieron la dimisión de Soria, transcurrió sin incidentes. A la espera de las decisiones, de momento hay previstas más concentraciones en octubre.
