La plataforma nacional de afectados por la extinción de los contratos de renta antigua de establecimientos pidió una nueva moratoria de diez años, hasta 2025, para evitar el cierre de unos 100.000 locales en toda España y que 300.000 personas se queden sin su puesto de trabajo.
Unos 200.000 locales están afectados por la caducidad de estos convenios, a partir del 1 de enero de 2015. Por ello los integrantes de la plataforma demandan diez años más y ofrecen a cambio que se suban los alquileres un 30% desde principios del año que viene. Proponen además que en la actualización anual de los precios se tenga en cuenta la diferencia entre el IPC real de cada ejercicio y el de arrendamientos urbanos anual. Otro problema que denuncian es que en algunas ciudades la propiedad de los establecimientos es de grandes familias o de fondos buitre de inversión que se pueden permitir echar al arrendatario y estar un año sin volver a alquilarlo para no tener que indemnizarlo. Por ello exigen que la indemnización, en todos los casos, sea de 18 mensualidades de la renta rechazada por el inquilino.
La plataforma negociará con los diferentes grupos parlamentarios y con el Gobierno la nueva moratoria, así como una línea oficial de crédito para el traslado, reforma y adaptación de los locales.
