La Asociación Galega de Consumidores e Usuarios Acouga presentará una demanda colectiva con la que pretende reclamar a las entidades financieras la devolución de los gastos de formalización de las hipotecas de hasta 90.000 clientes. La demanda que defenderá en los tribunales el secretario general de Acouga, Xoán Antón Pérez-Lema, busca que se extienda a otros bancos la sentencia del Tribunal Supremo que el año pasado anuló por abusivas las cláusulas de los contratos firmados por clientes de BBVA, y obligó a este banco a devolver los gastos de notario, registro de la propiedad, los impuestos de Actos Jurídicos Documentados y de la tasación.

Estos gastos, según explicó Pérez-Lema "beneficiaban al banco" pero éste imponía en los contratos de compraventa que corriesen "a cargo del prestatario", lo que el Supremo consideró motivo suficiente para considerar esas cláusulas abusivas y, por lo tanto, nulas de pleno derecho. Acouga calcula que estos gastos pueden ascender a unos 2.000 euros en una hipoteca media de 90.000 euros e instó a las personas interesadas a recuperar las facturas que certifican esos gastos de formalización, incluso a través de la solicitud de los recibos al notario y al registrador, pero también con la incorporación del comprobante de la liquidación del impuesto en la Axencia Tributaria Galega (Atriga). Pérez-Lema dio por hecho que la recopilación de documentación no será un obstáculo dado que la mayoría de los usuarios guardan sus documentos. Acouga asegura que en este caso no existe de momento un plazo determinado, porque la nulidad por cláusulas abusivas no prescribe, por lo que podrían reclamar todos los usuarios afectados con independencia de la fecha en que formalizaron su hipoteca.

La asociación presentará la demanda contra las entidades domiciliadas en Galicia: Abanca, por las hipotecas formalizadas por las entidades de las que es heredera (Caixa Galicia, Caixanova, Novacaixagalicia, Banco Etcheverría y Novagalicia Banco); Banco Pastor y Caixa Rural Galega, aunque antes tendrá que realizar trámites previos. Como ocurrió en las demandas por preferentes y por cláusulas suelo, Acouga abrirá primero unas diligencias preparatorias y solicitará por vía judicial que las entidades financieras se dirijan a todos sus clientes hipotecarios que tengan estas cláusulas en sus créditos.

La asociación de consumidores formalizará entonces la demanda ante el juzgado de lo Mercantil, que será el que decida si es o no admitida a trámite, un proceso que puede demorarse entre tres y cuatro meses. Será ahí, en marzo o abril, cuando los interesados puedan adherirse a la demanda, de forma particular, con abogado y procurador, o a través de los servicios jurídicos de Acouga. La asociación sostiene que los socios de la entidad -que cobra una cuota mensual de diez euros- pueden unirse a la iniciativa judicial sin gastos extra, para que ningún ciudadano "se vea privado de poder reclamar por motivos económicos", tal y como explicó el presidente de la agrupación, Manuel Pérez Arias.

Acouga está pendiente de la decisión que adopte el próximo miércoles el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la retroactividad de la nulidad de las cláusulas suelo. El abogado general de la Unión Europea considera que como estableció el Supremo, sólo están anuladas las cláusulas a partir de la fecha de la sentencia (mayo de 2013). Si el TJUE confirma este criterio, la demanda colectiva que Acouga presentó en febrero contra Abanca para exigir lo pagado antes de esa fecha decaerá. La demanda fue admitida a trámite por el juzgado de lo Mercantil, pero su tramitación depende del resultado de la resolución europea.