18 de abril de 2017
18.04.2017

La patronal coruñesa urge a la Xunta a aprobar la venta de centrales que Ferroglobe no pidió

El director financiero de Ferroatlántica, hijo del expresidente Calvo Sotelo, expuso el plan industrial al presidente de los empresarios coruñeses antes que a Industria

18.04.2017 | 00:55
José María Calvo-Sotelo y Antonio Fontenla, ayer, durante su reunión.

La clave en discusión

  • Contra el libre mercado. La Confederación de Empresarios de A Coruña defiende el plan de Ferroglobe y dice que el veto a la venta de las centrales "atenta contra el libre mercado"
  • La compra condicionada. Villar Mir intentó que la Xunta le permitiese comprar las centrales y las fábricas por separado en 1992 sin éxito e intentó cambiarlo en los tribunales sin éxito
  • La concesión y la Xunta. La concesión que permite a Ferroglobe obtener electricidad y venderla de las centrales prohibe expresamente su venta a un tercero si no es con las fábricas

La Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC) sumó ayer su entusiasta apoyo al plan industrial que Ferroglobe diseñó para invertir 200 millones en las cinco fábricas de ferroaleaciones que tiene en España con lo que obtenga de vender las seis centrales hidroeléctricas que explota en los ríos Xallas y Grande, en las comarcas de Fisterra y A Costa da Morte, al fondo canadiense Brookfield.

La organización que preside Antonio Fontenla analizó de hecho el plan en su comité ejecutivo, que acabó con una petición a la Xunta para que "permita desarrollarlo". La CEC se suma así a la estrategia de presión de Ferroglobe para lograr un permiso para la venta de las centrales hidroeléctricas que todavía no ha solicitado, como confirmaron fuentes de la empresa.

Los empresarios coruñeses reclaman a la Xunta que modifique los términos de la concesión administrativa que ella misma otorgó años atrás, que vence en 2069, y que tal y como reconoció el presidente Alberto Núñez Feijóo en el Parlamento en noviembre, impide facilitar la venta de las centrales. Fue en la misma comparecencia en la que el líder del Ejecutivo gallego reconoció que el interés público le impedía "hasta ahora" modificar la concesión, lo que alertó a los empleados.

"El comité ejecutivo de la patronal coruñesa reclama el apoyo del Gobierno autonómico a dicho plan industrial", dice la patronal en un comunicado en el que le solicita que levante "una cláusula restrictiva" que impide la segregación de las centrales hidráulicas porque tras la modificación de la normativa eléctrica "atenta contra la libertad de mercado".

"Ciertamente prometedor"

Los empresarios coruñeses hacen suyas las tesis de Ferroglobe, al defender que el plan industrial dejará 102 millones de inversión en la provincia -la mayor parte en Sabón (Arteixo)- y permitirá crear 200 empleos directos y 300 indirectos en un momento clave, lo que abriría "un futuro ciertamente prometedor". La CEC advierte de que el no desarrollarse supondría "un grave problema para el conjunto de la economía de la provincia", especialmente en Cee, con una pérdida "permanente" de tejido industrial. La patronal alerta de "importantes recortes" de la actividad, como el cierre de la planta de silicio solar de Sabón con 30 empleados.

El apoyo de la patronal se produjo el mismo día en que su presidente, Antonio Fontenla, recibió la visita del director financiero de Ferroatlántica, José María Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, hijo del expresidente del Gobierno. La multinacional expuso así su plan a los empresarios antes que a la Administración que tiene la llave para permitir su desarrollo.

Las hidroeléctricas se construyeron en su día para abastecer de electricidad las fábricas de ferroaleaciones que Carburos Metálicos tenía en Cee y Dumbría. Cuando el grupo Villar Mir compró los activos, en 1992, ya intentó que la Xunta le permitiese segregar ambas actividades, para gestionar las fábricas a través de Ferroatlántica y las centrales, con Saltos del Jallas, pero finalmente aceptó las condiciones de la Xunta, que en los años siguientes intentó modificar ante los tribunales, que dieron la razón a la Administración.

Los planes de Ferroglobe han encontrado una férrea oposición en la plantilla de las factorías de Cee y Dumbría y por extensión, en las comarcas de Fisterra y A Costa da Morte. Los empleados aseguran que la segregación de las dos actividades pone en peligro los cerca de 400 empleos que suman las factorías de ferroaleaciones y las centrales (unos 50) y que la actividad industrial puede llegar a ser más rentable en cualquier otro lugar sin la aportación de la división energética. Los ayuntamientos de la comarca, los párrocos, la Diputación provincial coruñesa y los grupos de la oposición en el Parlamento recuerdan además que los saltos de agua se construyeron sobre recursos naturales y patrimoniales de todos los vecinos, con la inundación de una parroquia entera -con su cementerio incluido- y que centenares de trabajadores de esas comarcas murieron afectados de silicosis por la apertura de los túneles. La penosa construcción de las infraestructuras fue aceptada, en síntesis, por el bien del futuro industrial de una comarca que ahora ven amenazado.

Conflicto sindical

El comité de Cee y Dumbría se ha quedado sólo en la batalla sindical, después de que las federaciones de ámbito estatal de CCOO, UGT, USO y SU apoyaran el plan industrial que implica vender las centrales, en contra de lo defendido por los delegados de CCOO y UGT en las factorías de A Costa da Morte, que abandonaron las centrales y se mantienen en el órgano de representación de la plantilla como independientes, junto con los de la CIG. Los representantes de este sindicato mantienen su oposición.

Uno de los argumentos de los trabajadores y el frente político provincial es que si la Xunta autoriza la venta de las hidroeléctricas incurriría en irregularidades, ya que está expresamente prohibido en las concesiones de la Xunta.

El pasado mes de octubre Ferrogloble -fruto de la fusión en 2015 de Ferroatlántica y Globe- reconoció que buscaba comprador para vender las centrales gallegas y las cinco de Huesca que gestiona a través de la empresa Hidro Nitro.

El grupo Villar Mir entiende que tras la modificación de la legislación que prohibe el autoconsumo, está legitimada para segregar las dos actividades industriales que actualmente están vinculadas por la concesión. La firma defendió que pretendía financiar un plan industrial en sus centros españoles y reducir su deuda, que se eleva a 350 millones. Sobre las centrales del Xallas y el Grande existe además un contrato de arrendamiento financiero o leasing del que aún tiene pendiente de pago 120 millones.

En las reuniones que hace dos semanas mantuvo con los representantes de UGT y Comisiones Obreras en Madrid para lograr su apoyo Ferroglobe reconoció sin embargo que su situación es "límite", que tuvo que refinanciar su pasivo y que esos acuerdos con la banca le impiden incrementar su deuda neta, con lo que no dispone de liquidez ni para invertir en operaciones de mantenimiento básico ni puede acceder al préstamos ventajoso por 75 millones que le concedió el Gobierno para el proyecto de silicio solar . El grupo incurrió por ello en quiebra técnica y con esta operación pretende obtener fondos para poder reducir la deuda y obtener nuevos préstamos.

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