El ministro de Energía, Álvaro Nadal, aseguró ayer que no tiene previsto que los gallegos tengan que pagar una posible refacturación de la luz por el canon eólico, "salvo que alguien recurra", aunque advirtió a los Gobiernos autonómicos de que poner "impuestos" puede producir "efectos indeseados" como que el usuario tenga que pagar por su aplicación. Así lo indicó ayer en un acto en Ourense, donde fue preguntado por una posible subida de la factura derivada del canon eólico gallego y descartó que vaya a haber "nada más" puesto que ya se dio cumplimiento a la sentencia.

El ministro recordó que el Tribunal Supremo, a instancia de las compañías eléctricas, dictó un fallo en el que instaba a repercutir en los recibos los impuestos establecidos a nivel autonómico. En este sentido, sostuvo que el Gobierno ya "ha dado cumplimiento" a dicha sentencia y descartó que vaya a haber "nada más". En enero el Ejecutivo central aprobó una orden ministerial en la que aprobaba la refacturación de la luz a los consumidores de Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja y Comunidad Valenciana y, en principio, estaba previsto extender la medida a Extremadura, Castilla y León, Asturias y Galicia. Finalmente, según el ministro de Energía, esa refacturación se limitará -salvo recurso- a las cuatro comunidades en las que ya aplicó.

"Dicho esto, cuando las administraciones autonómicas ponen impuestos al sistema energético se corre el riesgo de que esto lo acabe pagando el usuario", advirtió Nadal.

La Xunta, por su parte, defiende que no se trata de un gravamen eléctrico, sino medioambiental y, por tanto, descarta el posible suplemento territorial.

Nadal también confirmó ayer que su departamento "aumentará las obligaciones" de las compañías suministradoras de energía para que informen de forma pormenorizada a los ciudadanos que cambian de contrato sobre las ventajas e inconvenientes de las nuevas tarifas a las que se acojan.

Los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a fecha de noviembre de 2016, revelan una tendencia al alza en los contratos con tarifas eléctricas más caras (14 millones de clientes) frente a los 11,8 millones que están acogidos al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC).

Para evitar la posibilidad de que haya personas que tengan dificultades a la hora afrontar los gastos de su factura eléctrica el ministro señaló que el Gobierno "va a hacer un decreto dentro del bono social" que obligará a las compañías eléctricas a "informar" a los usuarios que cambien de contrato.

Las empresas deberán explicar a los interesados en acogerse a una nueva tarifa "sobre las ventajas e inconvenientes y los derechos que ganan y los que pierden, para que de esta forma puedan estar mejor informados", explicó Nadal. El ministro incidió en "la libertad" de los ciudadanos "a la hora de elegir su tipo de contrato", aunque defendió que para él "el régimen más favorable es el que regula el propio Gobierno: el PVPC". "Mi tipo de contrato es el estándar, PVPC. Sólo tiene un inconveniente, que es más volátil, pero en la media y a lo largo del tiempo es por el que menos se paga", defendió el ministro de Energía.