Ferroatlántica anunció ayer que ya ha solicitado formalmente a Augas de Galicia, ente dependiente de la Xunta, que elimine la prohibición de segregar las dos actividades principales de la empresa en Galicia, la producción de ferroaleaciones y la de energía, para poder vender las centrales hidroeléctricas, la operación "clave" para el desarrollo de su plan industrial. De hecho, el grupo controlado por Villar Mir sostiene que esta operación -la venta de los saltos de agua- es la única que garantiza "el futuro de la compañía en la comunidad y el mantenimiento de todo el empleo asociado a ella".

La empresa insta al Ejecutivo gallego a, "en aplicación del interés general y de acuerdo a derecho", devuelva las concesiones hidráulicas de los ríos Xallas y Grande, en A Costa da Morte, a su estado original al entender que el veto a la separación de las actividades respondió en su día a "circunstancias muy especiales". Ferroatlántica argumenta que cuando asumió las fábricas de Carburos Metálicos en Cee, Dumbría y Sabón y los seis saltos de agua, a principios de los 90, el Gobierno gallego prohibió separar las centrales de las plantas de ferroaleaciones "invocando el interés general" para que el negocio de los saltos de agua, "entonces boyante", sostuviese el de las factorías, "deficitarias", e impedir así su cierre. Este escenario, añade la empresa, se ha dado la vuelta -afirma que las fábricas registran buenos resultados y las centrales no tanto, con fuertes caídas- y los activos han intercambiado sus roles, por lo que defiende que la aplicación del interés general "empuja en la actualidad a actuar de manera opuesta a cómo se hizo tres décadas atrás; revertiendo las concesiones a su estado original sin restricciones ni limitaciones".

"La prohibición de segregación no satisface hoy en ningún modo el objetivo de preservar el interés general. Por el contrario, la supresión de dicha prohibición permitirá el desarrollo de un plan industrial que sin duda sí fomenta y preserva el interés general", reza la petición remitida por Ferroatlántica a la Xunta. El grupo insiste en que solo la separación de las líneas de negocio podrá financiar el plan industrial "respaldado el mes pasado por la amplia mayoría de los trabajadores".

Ese preacuerdo -sellado el 8 de abril con las federaciones nacionales de UGT, CCOO, USO y SU, pero con el rechazo frontal del comité de empresa de A Costa da Morte- prevé la inversión de 200 millones y la creación de 900 empleos, entre directos e indirectos, con la venta de las centrales hidroeléctricas de A Costa da Morte y las que tiene en Huesca.

El documento firmado por empresa y sindicatos consideraba urgente acometer la venta y condicionaba el plan industrial y sus inversiones a obtener los permisos administrativos antes del 31 de mayo. Sin embargo, la compañía controlada por Villar Mir -que el 8 de abril aseguraba que enviaría "en breve" la solicitud de segregación a la Xunta- tardó finalmente un mes en realizar el trámite burocrático tras vivir unas semanas convulsas como consecuencia de la operación Lezo, en la que están siendo investigados el propio Villar Mir y su yerno, Javier López Madrid. Este último dimitió esta semana como consejero del grupo OHL, pero sigue como presidente de Ferroglobe, la empresa resultante de la fusión entre la española Ferroatlántica y la estadounidense Globe.

Esta investigación provocó en las últimas semanas acusaciones de la oposición contra el Ejecutivo gallego de actuar en favor del grupo empresarial y conllevó la presentación de numerosas peticiones para que la Xunta aclare las adjudicaciones y contratos que el Grupo Villar Mir tiene con el sector público en la comunidad gallega.

Ferroatlántica defiende que su plan industrial prevé, solo en Cee, Dumbría y Sabón, la inversión de 102 millones, el mantenimiento del empleo actual y la creación de 200 puestos de trabajo directos y otros 300 indirectos. "Solo a través de esta operación [la venta de las centrales de A Costa da Morte] Ferroatlántica obtendrá los fondos que necesita para sacar adelante el plan industrial", por lo que espera una "resolución favorable" de la Xunta a su solicitud para segregar los activos gallegos.