La firma gallega Blusens ingresó 1,5 millones de euros en apenas seis meses con la venta de sus polémicos dispositivos WebTV, ahora retirados del mercado por orden del titular del juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, Andrés Lago Louro. Así lo anunció ayer la Policía Nacional que, tras decretarse el levantamiento del secreto de sumario, reveló que el número de investigados por esta trama asciende a seis personas y que esta operación realizada de forma conjunta con Europol se ha saldado ya con la incautación de 4.600 descodificadores.

Entre los investigados hay cuatro detenidos (tres de ellos en Santiago y uno en Jaén) y otras dos personas implicadas (una en Galicia y otra que fue localizada en Barcelona). La investigación, iniciada tras la denuncia de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) a la que posteriormente se unieron Mediapro y la y la Liga de Fútbol Profesional (LFP) revela que los dispositivos se comercializaban a través de más de 14.000 puntos de venta repartidos por todo el mundo y que, presuntamente, sus usuarios podían acceder sin pago de cuota alguna a contenidos reservados para suscriptores.

Se trata de "un dispositivo que permitía el acceso ilícito a la señal de televisión de multitud de canales, algunos de acceso condicionado a pago", como lo califica la Policía Nacional, que añade que se "comercializaba en grandes superficies y de forma masiva un dispositivo multimedia que permitía visionar de forma gratuita contenidos televisivos y audiovisuales infringiendo derechos de propiedad intelectual".

El dispositivo WebTV ha sido retirado de todos los puntos de venta y, aunque el receptor sigue encendiendo, tiene bloqueadas todas sus funciones de acceso a internet, por lo que queda inutilizado para acceder a los contenidos que ofrecía. Mientras funcionó con normalidad, antes del inicio de la investigación, "los contenidos televisivos y otros eventos deportivos, películas o series, se encontraban alojados en un servidor en Francia", según concluye la Policía Nacional.

En los registros, se intervinieron 4.600 terminales, "numeroso material informático, abundante documentación contable y financiera y dinero en efectivo". Fuentes próximas precisan que la cantidad en metálico asciende a 1.840 euros para gestiones diarias.