El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ve "imposible" que el impuesto a las tecnológicas pueda financiar la subida del 1,6% de las pensiones que pactaron el Gobierno y el PNV para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado por mucho que se aceleren los trámites en el seno de la UE para su desarrollo y puesta en marcha. El sindicato señaló ayer que este impuesto a las tecnológicas no es ninguna novedad ya que la Comisión Europea planteó el 21 de marzo pasado un borrador de directiva para que estas grandes compañías digitales -como Amazon, Google, Facebook o Apple- terminen tributando en los países de la UE mediante un recargo cercano al 3% de los beneficios obtenidos por sus ventas en cada país. La medida afectaría a las empresas de servicios digitales que en un periodo impositivo facturen más de siete millones de euros, cuenten con más de 100.000 usuarios o con más de 3.000 contratos en un estado miembro.
Los técnicos consideran que este impuesto no estaría vigente, como muy pronto, hasta 2020 -frente a las pretensiones del Gobierno, que habla incluso de empezar a cobrarlo este año- y sostienen que la Comisión Europea cuantifica una escasa recaudación en toda la UE que rondaría los 5.000 millones de euros para lograr un consenso de los países miembros más rápido, especialmente de los cinco más reticentes (Irlanda, Holanda, Bélgica, Luxemburgo o Austria) que concentran la mayoría de las sedes en Europa de las empresas tecnológicas.
El sindicato señala además que la dificultad para que este gravamen sea efectivo está en que aún no se definieron los criterios para distribuir los beneficios de cada multinacional en cada país miembro ni la horquilla en la que se permitirá establecer el recargo en el impuesto de sociedades nacional, por lo que resulta "complicado" que España ingrese más de 500 millones a medio plazo, cifra alejada de los aproximadamente 1.600 millones que costaría actualizar las pensiones con el IPC.
Los responsables de Gestha recuerdan que incluso el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, negó la posibilidad de que el gravamen se implantase unilateralmente y aseguró que tendría que aplicarse en el conjunto de la UE, algo que están barajando los distintos países como una "solución provisional" hasta que se alcance un acuerdo definitivo en la OCDE para adoptar una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (Biccis), que pretende que todas las multinacionales contribuyan en cada país con arreglo a los beneficios que obtienen en cada uno de ellos.
Por ello, Gestha propone que la actualización de las pensiones con el IPC se consolide mediante un sistema mixto de financiación de la Seguridad Social (cuotas sociales e impuestos) para evitar el descuadre de las cuentas públicas del organismo, afectando al cumplimiento del déficit público español, que este año debe reducirse desde el 3,1% hasta el 2,2% del PIB.
"Estos días ha quedado demostrado que la subida de las pensiones depende de la voluntad política del Gobierno y se ha puesto de manifiesto la incongruencia de afirmar que vincular al IPC las pensiones no era sostenible", sentencia el secretario general de Gestha, José María Mollinedo. "Ahora el Gobierno debe explicar cómo financiará ese mayor gasto, teniendo en cuenta que para 2022 se ha propuesto eliminar el déficit de la Seguridad Social", apostilla Mollinedo, que señala que si se igualara la recaudación a la media ponderada europea, la Seguridad Social española lograría 7.900 millones adicionales cada año, lo que financiaría la revalorización de las pensiones en función del IPC y liberaría otros 6.300 millones para reducir el déficit previsto de este organismo, cuyo agujero el año pasado superó los 17.000 millones.
Acuerdo sobre el sistema
Mientras, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, confió ayer en que antes del verano se llegue a "un acuerdo amplio" en el Pacto de Toledo sobre las pensiones actuales y futuras y sostuvo que el Gobierno "sigue trabajando para consolidar la recuperación de mejores empleos y salarios con la creación de cerca de 500.000 empleos al año". Sobre la subida inicial de las pensiones, recordó que el pasado viernes se incorporaron las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 para que se pueda producir esta subida del 1,6% a todas las pensiones y del 3% a las mínimas y las no contributivas.
