E¿Qué es lo que aprobó ayer el Pacto de Toledo? Se trata de una recomendación al Gobierno, no una norma en sí. Lo que ha de hacer ahora el Ejecutivo es trasponer el acuerdo a la legislación. Supondrá, en todo caso, el carpetazo a la base de la reforma de las pensiones del PP, que limitó el alza de las pensiones al 0,25% en tanto la Seguridad Social arrojase números rojos.
E¿Qué es el IPC real? Los parlamentarios no lo han aclarado, y de hecho han dejado abierto a la interpretación este concepto a propósito con el objetivo de alcanzar el mayor consenso posible. El Instituto Nacional de Estadística (INE) es el encargado de reportar cada mes los datos de inflación, tanto la general como la subyacente, pero nunca es el IPC real para todos los consumidores. "La recomendación recoge que se subirán las pensiones en base al IPC, no conforme al IPC", matizó ayer uno de los diputados.
E¿Por qué no es un indicador exacto? La metodología para calcular la evolución del IPC no puede adaptarse a todos los patrones de consumo; hay españoles que no viajan, no consumen alcohol o fruta fresca, por poner un ejemplo, y son productos que se utilizan para determinar el avance de los precios en un periodo determinado.
E¿Hay más de un IPC? En realidad habría tantos como unidades familiares de consumo, pero el INE ofrece datos sobre dos tipos: el IPC general y el IPC subyacente. El primero se realiza en base a 220.000 precios recogidos en 177 municipios. Es un muestreo elaborado para que el resultado sea lo más fiable posible. De los 479 artículos o bienes que se analizan, la mayoría (170) son alimentos y bebidas no alcohólicas. Con esta base el INE utiliza las pautas de consumo de la Encuesta de Condiciones de Vida, cuyo último dato disponible es de 2017. El subyacente se creó a partir de la crisis del petróleo de los 70 para elaborar un indicador menos volátil. Este dato no incluye el precio de los productos energéticos y los alimentarios no elaborados.
E¿El Gobierno está a favor de anclar las pagas al IPC? No, y así lo ha advertido el secretario de Estado de la Seguridad Social. Considera que podría generar "efectos perversos".
