Los ministros de Justicia de la Unión Europea llegaron el pasado jueves a un acuerdo para marcar sus líneas rojas en la negociación con el Parlamento Europeo de las nuevas normas comunes en materia de insolvencia, con el objetivo de que empresas viables que atraviesan dificultades financieras puedan reestructurar su negocio y evitar la bancarrota y el despido de empleados. Se trata de superar las diferentes legislaciones de los estados miembros sobre insolvencias y reestructuraciones empresariales e impulsar así las inversiones transfronterizas, evitar cierres de empresas viables -sobre todo en los primeros años de actividad- y ofrecer una segunda oportunidad para que no se desanimen los emprendedores con ideas.
Según datos de Bruselas, unas 200.000 empresas europeas caen en bancarrota al año y la mitad de ellas cierra a los cinco años de iniciar su actividad.
