El expresidente de Bankia y Caja Madrid, Rodrigo Rato, ha solicitado a la Audiencia Nacional que suspenda temporalmente su entrada en prisión tras la sentencia del caso de las tarjetas de Bankia (tarjetas black, opacas al Fisco y utilizadas indebidamente por directivos y consejeros para sufragar gastos personales) mientras prepara un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. La misma estrategia han seguido otros condenados, para quienes el plazo límite de ingresar en la cárcel e iniciar el cumplimiento de las penas también expira, en principio, el próximo jueves.
Según informaron fuentes jurídicas a Europa Press, el también exvicepresidente del Gobierno y otros sentenciados por las tarjetas han presentado escritos para intentar retrasar la aplicación del fallo por el que Rodrigo Rato debería cumplir cuatro años y medio de cárcel por el delito continuado de apropiación indebida. En tales escritos se argumenta que, cuando el Constitucional admite recursos semejantes a trámite, los condenados suelen quedar provisionalmente libres siempre que las condenas sean inferiores a cinco años de cárcel.
Es la llamada sala de ejecutorias la que debe tramitar ahora la solicitud de Rato y sus compañeros de sentencia. La Fiscalía Anticorrupción debe emitir un informe a favor o en contra de las demandas de suspensión. La última palabra, sin embargo, la tendrá el tribunal que les condenó, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Fuentes de la Fiscalía indicaron que se está analizando la solicitud de Rato y la de quienes, como él, han decidido agotar la vía judicial antes de entrar en prisión. El exministro de Aznar fue condenado, junto a otros 63 directivos y consejeros, por disponer a su antojo, sin control de ninguna clase y sin declarar a Hacienda, de fondos de la entidad con la tarjeta de crédito que se les facilitó para gastos de representación.
Los plazos son muy ajustados ya que Rato y el resto de condenados tienen hasta las nueve de la mañana del próximo jueves para ingresar en prisión, como ya han hecho al menos dos de los sentenciados: el exsecretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez-Ponga, y el exdirigente del sindicato Comisiones Obreras, Antonio Rey de Viñas.
El sistema de las llamadas tarjetas black funcionó durante casi diez años, hasta 2012. El Supremo ha sentenciado que su uso fue el resultado de un "plan para disponer de dinero de la caja" en beneficio personal de los responsables de Caja Madrid, primero durante la etapa de Miguel Blesa, ya fallecido, en la Presidencia y a continuación con Rodrigo Rato. Esta forma ilegal de utilización de los fondos de la entidad continuó después en Bankia, banco resultante de la fusión de varias cajas. El conjunto de los beneficiarios de las tarjetas gastó 12,5 millones de euros, incluidas retiradas de efectivo en cajeros.
Un escándalo con 65 procesados
En el juicio por el uso indebido de tarjetas de crédito opacas para la Agencia Tributaria y cuyos cargos eran costeados por Caja Madrid y Bankia fueron procesadas 65 personas -una falleció antes de ser juzgada-. La sentencia de la Audiencia Nacional impuso diversas penas privativas de libertad para los 64 directivos y consejeros juzgados. Uno de ellos, Miguel Blesa, antecesor de Rato en la Presidencia de Caja Madrid, se suicidó el año pasado tras habérsele impuesto la pena más elevada: seis años. El Supremo ratificó este mes las condenas a los 63 procesados supervivientes, entre ellos políticos (Rato, Rodríguez-Ponga, Javier de Miguel Sánchez, Antonio Romero Lázaro, Jorge Ramos Moredo, Ángel Gómez del Pulgar, Francisco José Pérez, José Antonio Moral o Rubén Cruz Orive), sindicalistas (Gonzalo Martín Pascual, Rodolfo Benito, Francisco Baquero Noriega o Antonio Rey de Viñas) y empresarios.
