El comité de empresa europeo de la multinacional estadounidense Alcoa trasladó ayer a la dirección su propuesta para evitar el cierre de las fábricas de A Coruña y Avilés, medida que el grupo anunció la semana pasada. Ante la cerrazón de la firma -el martes ratificó ante el Gobierno la decisión de clausurarlas-, los trabajadores proponen una fórmula para solucionar el problema de las instalaciones obsoletas y mantener la producción de aluminio bajo la dirección de otro grupo empresarial. Los representantes de los trabajadores del grupo en toda Europa se reunieron con directivos de la empresa durante cinco horas y les pidieron, primero, que Alcoa levante el expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción de los casi 700 puestos de trabajo (unos 400 en A Coruña) y, a continuación, que participe en una gestora integrada por empresa, Gobierno, Xunta, Principado de Asturias y sindicatos para abrir "un proceso de venta transparente", en palabras del presidente del comité de empresa coruñés, Juan Carlos López Corbacho.
La plantilla considera "razonable" que este grupo de trabajo funcione durante un año y medio, un tiempo de transición en el que además de buscar la mejor alternativa para la venta, la Administración obligue a la aluminera a acometer las mejoras necesarias para poner a punto las fábricas coruñesa y asturiana de cara la venta. En la reunión, celebrada en Madrid, participaron representantes de las plantas afectadas, el secretario del comité de empresa europeo, un noruego, y el presidente del mismo, que pertenece a la planta de San Cibrao (Lugo). Por parte de la compañía acudieron al encuentro el vicepresidente de Operaciones de Alcoa Europa, Kai Rune, el vicepresidente de Energía, Álvaro Dorado, el jefe de Recursos Humanos, Borja Alvear, y el consejero en Europa, Jesús Marín. Todos ellos, según los trabajadores, se limitaron a recoger las propuestas, al carecer de capacidad de decisión, para trasladarlas a la cúpula del grupo, con sede en Pittsburgh (EEUU), de donde emana la orden de cierre.
DENUNCIA EN LUXEMBURGO
El comité de empresa europeo de Alcoa amenazó también a la compañía con presentar una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE, en Luxemburgo, si el lunes no ha retirado el ERE. Los representantes de los trabajadores de la aluminera argumentan, como publicó ayer este diario, que la firma incumple la normativa europea al no abrir el periodo de consultas preceptivo antes de tomar una decisión sobre las plantas.
Según pasan los días, la posibilidad de que el grupo estadounidense -tercer productor de aluminio en el mundo- dé marcha atrás, como sí hizo en 2014, parece más lejana para los trabajadores, que centran ahora sus esfuerzos en lograr un comprador para impedir que las fábricas cierren. "Los signos que da la empresa son de que no quiere seguir con las plantas de A Coruña y Avilés y tenemos dudas de que quiera seguir incluso con San Cibrao", expone Corbacho en relación a los últimos centros productivos que mantiene Alcoa en España de los nueve que obtuvo tras comprar la empresa pública Inespal en 1998.
Los comités de empresa tanto de A Coruña como de Avilés insisten en que ambas fábricas son competitivas y atribuyen a factores coyunturales y a la propia estrategia del grupo americano la obsolescencia de las instalaciones -por ausencia de inversión- y las pérdidas de 100 millones entre ambas plantas en dos años -la propia Alcoa fabrica en San Cibrao la alúmina que pagan más cara, entre otros factores-, razones aducidas para el cierre.
"Estamos convencidos de que hay grupos interesados en comprar", asegura el representante de los trabajadores de la aluminera de A Grela. La Administración confirmó contactos de varias firmas, entre ellas la suiza Klesch Group, que opera en materias primas. La reticencia de la multinacional a dejar las fábricas a un competidor directo dificulta la operación. "La posición de Alcoa de no querer vender a sus competidores es lógica, máxime si tenemos en cuenta que son plantas totalmente competitivas", resalta el representante de la plantilla de Avilés, Sergio Sobrido, quien insiste en que ahora es "potestad del Gobierno central que la compañía busque una solución para que continúe la actividad y se mantengan los puestos de trabajo".
Trabajadores de Alcoa participan hoy en el pleno de la Diputación de A Coruña, que incluye una moción para apoyar la continuidad de la actividad industrial y el mantenimiento del empleo en A Grela.
