La oleada de apoyos a los trabajadores de Alcoa llegó ayer al pleno de la Diputación de A Coruña, que aprobó por unanimidad una moción contra la decisión de cerrar la fábrica "sin causa justificada", ante la presencia de varios afectados. Los diputados provinciales se pusieron en pie para aplaudir las palabras del presidente del comité de empresa de la aluminera en A Grela, Juan Carlos López Corbacho, que intervino al inicio de la sesión. "Buscaremos la mejor opción, pero no con Alcoa", aseguró Corbacho, que destacó la importancia del aluminio como "sector estratégico" por la creciente demanda para la automoción, la tecnología o la aeronáutica, entre otros sectores. "Tenemos el oro del futuro aquí instalado", advirtió el portavoz de la plantilla, e instó al Gobierno a preservar el tejido industrial.

Los grupos coincidieron en el apoyo y discreparon en los responsables. El presidente provincial, el socialista Valentín González Formoso, consideró que la raíz del problema es la "confrontación" de los modelos económicos americano y chino y derivó a la Unión Europea la responsabilidad de intervenir. Daniel Grandío (Marea Atlántica) llamó a la "unidad de las administraciones" mientras el regidor de Oleiros, Ángel García Seoane (Alternativa dos Veciños), recordó que fue el Partido Popular quien "vendió las fábricas de Inespal a Alcoa" y quien dio subvenciones a la multinacional. Por parte del BNG, Xosé Regueira reclamó una tarifa eléctrica gallega para impulsar la industria. El alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo (PP), auguró que Alcoa "no va a dejar vender la fábrica" y que A Coruña será "un desierto industrial". "Si la gente piensa que se va a poder vivir de una empresa textil está equivocada", advirtió Calvelo. Su compañera de partido Rosa Gallego reclamó que Alcoa "ponga un precio y venda".

A las múltiples muestras de solidaridad que recibe la plantilla de A Grela se sumó ayer la de Cáritas Interparroquial de A Coruña, que lanzó un "manifiesto de apoyo al trabajo digno" para pedir "un futuro seguro y estable" para las 700 familias afectadas por el cierre en A Coruña y Avilés.