El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba esta misma semana la extinción de un aprovechamiento de aguas con destino a producción de energía eléctrica "por razones de interés público". Se trata del salto de Vilamor, entre los concellos lucenses de Folgoso do Courel y Quiroga. La autorización se otorgó hace 58 años, el 26 de diciembre de 1960, a la empresa Saltos del Sil y después fue transferida a Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, hoy Iberdrola. Con más de 60.000 KW de potencia y el derecho a un caudal de 30.000 litros por segundo del río Lor, se hubiera convertido en una de las más grandes en Galicia. Pero nunca llegó a construirse y la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil inició de oficio el expediente de caducidad "por incumplimiento de los plazos previstos en la concesión".
La cuenca acumula un buen número más de concesiones autorizadas, pero sin explotación. Hay otra de potencia considerable: el Salto de Sela (entre Arbo, Crecente y As Neves, de 149.260 KW), de Naturgy. Hay además 27 permisos para minicentrales que van desde los 115 KW a los 4.600 KW que corren el mismo peligro de quedarse por el camino. En total, la potencia acumulada en posibles nuevas instalaciones solo en la cuenta Miño-Sil ronda los 280 megavatios.
Muchísimo antes de la eólica, con el epicentro de su despegue en los años 90 aquí, Galicia ya era una referencia mundial en renovables gracias al histórico aprovechamiento de los ríos como fuente de energía limpia. En la comunidad funcionan 3.700 megavatios (MW) de hidroeléctrica, el 22% de la potencia instalada en España. Hay 45 grandes centrales y 121 instalaciones más pequeñas, de menos de 10 MW, con las que es posible cubrir de sobra el consumo de toda la industria de la comunidad en años de lluvias generosas. Su indudable contribución en cantidad y calidad a la sostenibilidad del sistema energético y a la carrera de la descarbonización -hoy por hoy es la única tecnología que permite almacenar electricidad en los momentos de mucha generación y baja demanda gracias a los sistemas de bombeo- contrasta con el también evidente impacto medioambiental, que obliga a mirar con lupa la actividad de las centrales y plantearse si compensa que sigan funcionando cuando termina la concesión. Los plazos de los permisos son tan largos, de hasta 75 años con prórrogas incluidas, que las administraciones apenas se han visto metidas en esta tesitura de decidir sobre la continuidad. Hasta ahora. Casi medio centenar acaban de caducar o están a punto de hacerlo en España. Es el caso del salto de Enviande. Por primera vez el Estado rescata una central en Galicia, aunque su tutela pública será solo temporal.
Ubicada en el municipio lucense de Chantada, la hidroeléctrica cuenta con 1.100 kilovatios (KW) de potencia y estaba explotada por la división energética de la multinacional gallega del aluminio Cortizo. La concesión remató el 11 de diciembre de 2016, pero, como ocurre con casi todo lo que tiene que ver con la tramitación de este tipo de instalaciones, la extinción de la concesión se firmó el pasado 14 de marzo, "acordando revertir a la Administración General del Estado y adscribir a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil este aprovechamiento", como confirma el organismo encargado de la gestión de la cuenca, que prepara ya un expediente para sacar otra vez la concesión de Enviande a concurso público.
El Estado da la espalda a la explotación directa por tiempo indefinido de las centrales que vayan volviendo a sus manos tras el fin del plazo de los contratos. "Al extinguirse el derecho concesional, revertirán a la Administración competente, gratuitamente y libres de cargas, cuantas obras hubieran sido construidas dentro del dominio público hidráulico para la explotación del aprovechamiento", señala el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Así sucedió con la central Salto de Caño, en el río Sella (Asturias), y está ocurriendo con la de Lugán, del río Porma (León), en subasta pública actualmente y un ejemplo perfecto de lo que pueden alargarse los trámites: la caducidad de la autorización se remonta seis años atrás.
El 10 de diciembre del pasado 2017 finalizó el plazo de la concesión de la central de Castro Caldelas y el 10 de marzo de este 2018 el de la de Vilachán. La primera de ellas, en el Río Edo (Ourense), alcanza los 4.360 KW y está en manos de una sociedad con sede en Madrid administrada por Eulogio Carlos Blanco Fernández. La de Vilachán, en el municipio pontevedrés de Oia, cuenta con una potencia de 1.250 KW y el titular es la agrupación de interés económico Hidrotide. La fecha de aprobación de las dos es relativamente reciente, en comparación con lo que es habitual en este tipo de infraestructuras (en 1992 y 1993), con lo que hay margen para dar vía libre a una prórroga. Ambas la pidieron, según explican desde la entidad presidida por José Antonio Quiroga Díaz, y están tramitando los expedientes de modificación de características y ampliación del plazo concesional.
No será la última ocasión en la que la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, con las competencias sobre una de las zonas con más potencia hidroeléctrica operativa -3.559,86 MW repartidos en 91 embalses- tenga que plantearse qué hacer. Una respuesta por escrito del Gobierno en el Senado a principios de 2014 sobre la caducidad de los aprovechamientos en los próximos diez años incluía en la cuenca la central de Castadón-Hervidoiro (1.210 KW en Pereiro de Aguiar) de Endesa, y la de Cabo, (4.900 KW en A Cañiza), de Hidromedia Galicia. Y hay más a medio plazo.
El organismo licitó en agosto un contrato de asistencia técnica para la tramitación de expedientes sobre aprovechamientos hidroeléctricos. "En particular, expedientes de concesión, modificaciones concesionales, revisión, extinción, autorizaciones, estudios sobre la continuidad de la explotación del aprovechamiento con fines hidroeléctricos, y, en su caso, tramitación del concurso público de explotación", concretan en la Confederación. ¿Cuántos estudios de viabilidad sobre centrales se van a realizar? 14.
La memoria del contrato -con casi medio millón de euros de presupuesto- recuerda que la enorme carga administrativa en estos procedimientos, con "proyectos técnicos complejos" y "un gran volumen de documentación técnica", además de la obligación de realizar inspecciones y actas sobre el terreno para justificar la necesidad de echar mano de expertos ajenos a la Confederación. Teóricamente, conforme a la Ley de Aguas, el procedimiento de extinción de las concesiones debe realizarse en menos de 18 meses, aunque existe la posibilidad de iniciar el expediente tres años antes de cumplirse el plazo.
