Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estiman que cada año hay más de 17.000 nuevos hipotecados en Galicia, que ahorrarán de media 2.236 euros tras el anuncio realizado ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que el Ejecutivo aprobará un real decreto que establecerá que serán los bancos los que asuman el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados bancos Impuesto. En total, supondrá un ahorro al año de 38,7 millones de euros para los que contraten hipotecas en Galicia. En el conjunto de España supera los 1.100 millones de euros, con unas 458.000 nuevas firmas cada año.

La media de 2.236 euros de ahorro por hipoteca en Galicia está por debajo de la media estatal, que se sitúa casi 300 euros por encima, en los 2.507 euros. De esta manera los técnicos ven "positivo" que el Gobierno haya aclarado la norma, en el sentido apuntado por las sentencias cuestionadas anteayer por el Supremo. Por territorios, los técnicos calculan que Andalucía será la comunidad donde más beneficiarios habrá y Ceuta, donde menos.

En concreto, para Andalucía estiman 85.874 hipotecas, con un importe de 231 millones de euros; Madrid, con 83.288 beneficiarios y 189 millones de euros; y Cataluña, con 70.469 beneficiarios y 259 millones de euros. Mientras, Gestha no duda de que las tres Diputaciones Forales del País Vasco y Navarra modificarán sus normas forales para hacerlas coincidir con la entrada en vigor de la modificación de la ley estatal sobre la materia en beneficio de los hipotecados en estos territorios.

No obstante, Gestha lamenta que el Supremo haya "frustrado" las expectativas de 1,5 millones de contribuyentes, después de que el pleno del Alto Tribunal decidiera anteayer revocar la nueva doctrina que los magistrados habían establecido el pasado día 18 de octubre. Así, tras el pronunciamiento del pleno del Supremo, las comunidades autónomas no podrán atender las solicitudes de rectificación de la autoliquidación del AJD y de devolución del ingreso indebido.

Igualmente, los técnicos señalan que el pleno del Supremo "salva a la banca" del pago del impuesto en los últimos cuatro años porque cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resuelva dentro de unos años habrá prescrito la posibilidad de obtener la devolución, salvo para las personas que hayan recurrido. En detalle, Gestha calcula un impacto del AJD de los últimos cuatro años de 3.630 millones de euros, con un total de 1,45 millones de deudores.

Al margen de la medida anunciada por el Gobierno, las asociaciones de consumidores manifestaron ayer su rechazo al pronunciamiento del Alto Tribunal, que para la Asociación Galega de Consumidores e Usuarios (Acouga) corresponde con una decisión "ilógica y contraria a todas las reglas del Derecho Fiscal", ya que es necesario "gravar a aquel que se beneficie, y en el otorgamiento de la garantía hipotecaria solo se beneficia aquel que presta, no el que recibe", argumenta.

"La Presidencia del Tribunal y la mayoría de sus magistrados se dejaron influir decisivamente por el lobby bancario y, lo que es más grave, parece que no les importa lo que piense la ciudadanía sobre su falta de neutralidad", censuró ayer esta asociación de consumidores de Galicia.

El dictamen también causó conmoción en la política gallega. El BNG convocó concentraciones para hoy en las siete ciudades gallegas para expresar su rechazo ante la decisión del Tribunal Supremo. La organización nacionalista llama a "una movilización masiva" contra un fallo "sin precedentes en contra de la mayoría social" que, para el Bloque, evidencia "la baja calidad democrática" del Estado español.

Para la formación frentista, la decisión se suma a "otras estafas bancarias" como las preferentes y subordinadas "que provocaron una movilización social ejemplar, contundente y constante" que permitió "la recuperación de la mayor parte del dinero estafado". En A Coruña, la concentración dará comienzo a las ocho de la tarde en el Obelisco.

Por su parte, Anova también llama a movilizarse en las calles contra lo que califica como "una vergonzosa concesión al poder de los bancos" y un procedimiento "sin precedentes en el funcionamiento de cualquier tribunal ordinario en un estado democrático".