La cuenta atrás para que los despidos de extinción de Alcoa se empiecen a hacer efectivos sigue activada. El juez holandés encargado de pronunciarse sobre la denuncia del comité europeo por la supuesta vulneración del derecho al proceso de información y consulta por parte de la multinacional se ha dado de plazo hasta el 3 de diciembre para tomar una decisión. La vista se celebró ayer en la corte de Rotterdam. El juez no adoptó como medida cautelar la paralización del proceso de despido que amenaza a 369 trabajadores de A Coruña y 317 de Avilés, como esperaba el comité. Durante tres horas escuchó la versión de los abogados de Alcoa y de los representantes de los trabajadores para comunicar al cierre de la vista que puede emitir su veredicto hasta el 3 de diciembre. Pero el periodo de consultas abierto en España expira el 30 de noviembre. Es decir, puede ser que el fallo llegue tarde. El presidente del comité de empresa de Alcoa en A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, aseguró que la sensación tras el juicio "es bastante buena" y argumentó que la empresa debería esperar a conocer el fallo antes de tramitar los despidos. "Si la empresa usa la inteligencia debería retirar el expediente", apostilló el representante sindical. Alcoa está citada hoy a una reunión en la Dirección General de Trabajo.

La multinacional defendió ante el juez que ha "seguido rigurosamente la normativa aplicable vigente", tanto en el procedimiento español del proceso de consultas del despido colectivo, como en el del comité europeo (Eurofórum) y espera "que el juez holandés lo tenga en cuenta". Al contrario, los sindicatos expusieron que se vulneró el derecho del comité europeo porque la medida se activó sin consulta previa. El primer paso de la empresa, incidieron, no fue el de la información y consulta, sino la activación en el Ministerio de Trabajo del mecanismo de cierre (por el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores).

Una de las abogadas de Alcoa incidió en que un juez holandés no puede pronunciarse sobre la aplicación del artículo 51, bajo jurisdicción española, subrayó que el proceso abierto es solo "una fase consultiva" y que todas las opciones siguen abiertas. Y realizó varias manifestaciones sobre los pasos que está dando el Gobierno. Pronunció el término "intromisión", explicaron asistentes al juicio.

Corbacho declaró ante el juez y aportó documentación sobre la supuesta vulneración de los plazos informativos y sobre la carencia de alternativas que justifiquen que Alcoa diga ahora que todas las opciones "están abiertas". También tomó la palabra el director de Recursos Humanos de Alcoa Europa. El juez le preguntó qué ocurrirá cuando en once días expire el plazo consultivo en España. Respondió que la intención de la compañía es alargar ese plazo, que comenzará a contar desde cero (30 días) en el momento en que se forme la mesa de negociación del expediente de regulación de empleo (ERE). Alcoa viene defendiendo desde la semana pasada que está dispuesta a ampliar el periodo de negociación de los despidos, pero siempre y cuando se lo piden los representantes de sus trabajadores una vez constituida esa comisión negociadora. Hasta el momento el comité de A Coruña no ha asistido a ninguna de las reuniones. Empresa y sindicatos tienen una nueva cita el jueves en Madrid.

El comité coruñés regresa a casa con una "sensación positiva". Esta tarde celebrará una asamblea informativa en la fábrica, tras analizar previamente los representantes sindicales las cuestiones abordadas en la jornada de ayer.

Por otra parte, mañana se reúne en Madrid la mesa institucional creada para buscar una alternativa a los cierres de Alcoa, a la que asisten el alcalde coruñés, Xulio Ferreiro, y representantes de la Xunta y el Gobierno del Principado. El consejero de Industria asturiano, Isaac Pola, aseguró ayer que gana peso la opción de un inversor que se haga cargo de la gestión de las fábricas.