La ministra de Industria, Reyes Maroto, justificó ayer en el Congreso que el Gobierno concedió "por responsabilidad" ayudas a Alcoa pese a conocer en ese momento que tenía intención de cerrar dos de sus plantas, con el fin de facilitar la búsqueda de un inversor. Durante su comparecencia, Maroto señaló que las tres plantas de la aluminera (A Coruña, Avilés y San Cibrao) se beneficiaron de las ayudas correspondientes al mecanismo de compensación de costes indirectos a las emisiones de CO2 para compensar los costes eléctricos.
La ministra señaló que el Gobierno concedió estas ayudas "para garantizar la búsqueda de inversor" y así no poner ningún "impedimento" para encontrar una empresa que se hiciera cargo de las plantas amenazadas por el cierre (A Coruña y Avilés).
Además de estos mecanismos de compensación, Maroto informó de que el Gobierno puso "a disposición" otras ayudas, como los programas de apoyo a la inversión industrial para el fomento de la competitividad o el programa de apoyo financiero a proyectos de I+D+i. A renglón seguido, la ministra incidió en que el decreto ley aprobado por el Gobierno con varias medidas para el sector, entre ellas la creación del estatuto para las empresas electrointensivas, incluye la garantía para que las empresas que reciban este tipo de ayudas mantengan la producción y el empleo durante tres años.
Sobre el proceso de venta de las factorías de aluminio coruñesa y asturiana, en el que Alcoa ha aceptado la colaboración del Gobierno, la ministra celebró que ya hay varias alternativas y que en las mesas de seguimiento se evaluará "de forma conjunta" el plan de inversión de "los distintos agentes que han manifestado interés".
Un inversor con garantías de futuro
La titular de Industria subrayó que a la hora de seleccionar un inversor que se haga con las fábricas de Alcoa tendrá prioridad la presentación de un plan de futuro. "No vale cualquier plan de inversión, necesitamos uno que garantice la viabilidad en el corto, pero también en el medio y largo plazo en ambas instalaciones", subrayó. Entre los interesados hay empresarios nacionales y de fondos de inversión.
La ministra recordó que el lunes se constituyó la comisión de seguimiento, en la que están representada administraciones, sindicatos y empresa, y se definieron un cronograma y compromisos. Se crearán dos unidades de acción territoriales, una en A Coruña y otra en Avilés, para tener una interlocución más directa con los trabajadores y agilizar la identificación de alternativas industriales, que pueden ser diferentes para cada planta. El consejero de Industria de Asturias, Isaac Pola, afirmó ayer que "cabe la posibilidad de que se encuentre un inversor para cada una de las planta, ya que tienen características distintas". Pola confío además en que la propuesta de compra de la planta de Avilés se concrete "en estas próximas semanas". La Xunta no baraja previsiones respecto a la fábrica coruñesa. Entretanto, el comité de la aluminera en San Cibrao (en Cervo, Lugo) lamentó ayer que desconoce el contenido del estatuto de empresas electrointensivas y por ahora solo hay "declaraciones de intenciones".
