Ence ya prepara sus armas para combatir en los juzgados el informe de la Abogacía del Estado que pone en jaque su prórroga hasta 2073. La compañía anuncia en un comunicado que "va a utilizar todas las vías jurídicas para defender la validez de esa prórroga" y echar abajo una actuación del Gobierno central que "solo puede ser explicada en clave electoral". Tras calificar de "inesperado" y "sorprendente" esta decisión, reitera que dará la batalla judicial "para defender la validez de la prórroga, cuyo proceso de renovación siguió escrupulosamente el procedimiento establecido por la Ley de Costas vigente, y que intereses de parte y acuerdos políticos quieren anular en contra de los derechos e intereses de sus trabajadores, proveedores, accionistas y de todo el sector forestal del noroeste de España".
La empresa rechaza de plano "el cambio de criterio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar de allanarse en los tres procedimientos de la Audiencia Nacional" al entender que esa nueva postura "es contraria al ordenamiento jurídico e implica un cambio arbitrario en el criterio que había venido manteniendo durante todo el procedimiento". Añade que Costas incurre en una "falta de respeto hacia los puestos de trabajo de miles de empleados, proveedores y del mundo rural, altamente dependiente de la actividad forestal de la empresa.
