26 de marzo de 2019
26.03.2019
La Opinión de A Coruña

Cuando la luz es la materia prima

La Xunta alega al borrador del estatuto de la industria electrointensiva, que emplea a 5.000 gallegos - Sindicatos y patronal exigen regular un precio eléctrico competitivo

26.03.2019 | 00:33
Cubas de electrólisis de la fábrica de Alcoa, donde se produce el aluminio a 950 grados centígrados.

Cinco mil personas en Galicia trabajan en fábricas que necesitan ingentes cantidades electricidad para producir, por lo que su competitividad depende en gran medida del marco energético del país. Es el caso de Alcoa, Ferroatlántica (las dos con conflictos laborales relacionados con la energía), Megasa o Celsa Atlántica, que han mostrado su decepción por la publicación del borrador del estatuto de la industria electrointensiva, al que el Ministerio de Industria admite alegaciones durante esta semana. La Xunta lo hizo ayer y espera que el Gobierno "rectifique" para garantizar a la gran industria un recibo de la luz estable que le permita competir con los países del entorno y mantener el empleo. La supervivencia de las fábricas de aluminio que Alcoa tiene en venta (A Coruña y Avilés) y de la única que la multinacional prevé mantener (San Cibrao) pasa según patronal y sindicatos por una regulación eléctrica competitiva.

"El primer problema es el precio de la luz para las electrointensivas, porque hay 5.000 empleos en el sector; es mala noticia jugar con esos planteamientos y nos provoca desasosiego", lamentó ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien defendió que cuando una empresa, como Alcoa, destina el 40% de sus costes de producción a la factura eléctrica "tiene que tener unos parámetros precisos de precio de energía, porque, si no, se va a deslocalizar". Ese es el temor ya no solo de los 400 trabajadores de Alcoa en A Coruña afectados por el ERE (expediente de regulación de empleo), sino también de los 1.200 de la planta de San Cibrao (Cervo, Lugo), que según la propia multinacional está "en riesgo" debido al marco energético. El alcalde de Cervo, Alfonso Villares (PP), alertó ayer de que el cierre de la instalación afectaría a la "mitad" de la comarca de A Mariña, tanto "económica como socialmente". El presidente del comité de empresa, Xosé Paleo, lamenta que los trabajadores se sienten "con la cabeza debajo del agua" y que no saben "cuánto tiempo" podrán aguantar.

En sus alegaciones, el Gobierno gallego demanda el establecimiento de compensaciones por el pago de renovables, sobre todo, para las empresas que tengan una mayor carga en su coste energético vinculado a las energías limpias. Además, la Xunta pide "compensaciones fiscales", así como descuentos "de hasta el 90%" en el pago de los peajes eléctricos. Otra medida está vinculada a los mecanismos de CO2, con el propósito de que se introduzcan las compensaciones que habilita la Comisión Europea.

BNG y En Marea anunciaron ayer que también alegarán al texto. La portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, solicitó ayer en San Cibrao que el estatuto recoja una "tarifa estable" que "como mínimo" obtenga "lo que ya han conseguido los vascos", que es, según concretó, una rebaja de 23 euros por megavatio, frente a los 4,2 que ofrece ahora el Gobierno. La formación que representa Luís Villares defiende una regulación del sector electrointensivo que distribuya los beneficios entre toda la sociedad: "Existe una gran estafa de las grandes eléctricas a todos nosotros y esa es la razón por la que están en peligro Alcoa", denunció.

La patronal electrointensiva se queja de que la industria en España paga 20 euros más por megavatio que en Francia y 25 más que en Alemania. Los sindicatos también demandan una regulación competitiva para salvar el empleo industrial.

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