La organización ecologista Greenpeace exigió ayer al Gobierno en funciones que "concrete una fecha de cierre no más tarde del año 2025" de las centrales térmicas de carbón en España y contribuya así a detener los continuos ataques a los derechos humanos que sufren los países exportadores de ese mineral.
Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra hoy, Greenpeace presentó en la XXV Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP25) en Madrid el informe Las heridas del carbón. Violaciones de derechos humanos en las importaciones españolas. El estudio incide en los perjuicios que el carbón causa no solo al medio ambiente (su combustión es la principal responsable mundial de cambio climático por sus emisiones de CO2), sino también a las personas.
El informe denuncia que el 14% de la producción eléctrica en España en 2018 se produjo con la combustión de carbón, que generó casi 40 millones de toneladas de CO2, cuatro veces las emisiones anuales de toda la ciudad de Madrid. También añade que la importación de carbón en España ascendió a 16,5 millones de toneladas de mineral y las comunidades de Asturias y Galicia fueron las que mayor cantidad de toneladas de carbón importaron, proveniente sobre todo de Colombia, Indonesia, Rusia y Sudáfrica. La organización ecologista señala a las cinco grandes eléctricas españolas (Endesa, Iberdrola, EDP, Viesgo y Naturgy), que "han declinado aportar datos sobre la procedencia y volúmenes de carbón importado usado en sus centrales térmicas".
La organización ecologista exige al Gobierno que concrete una fecha de cierre de las térmicas de carbón en España no más allá del año 2025 e implemente un modelo energético cien por cien renovable y democrático, que no viole los derechos humanos y respete los principios de justicia social y ambiental.
"El Gobierno debe establecer mecanismos efectivos para asegurar su deber de vigilancia y control que obligue a las empresas a asegurar el cumplimiento de los derechos humanos en toda su cadena de suministro", subraya Greenpeace.
La organización enumera los desplazamientos forzosos, la contaminación, la restricción del acceso al agua, la persecución, la criminalización o la represión de las protestas como algunas de las violaciones de los derechos humanos en zonas de extracción de carbón de Colombia, Indonesia, Rusia y Sudáfrica.
Tatiana Nuño, responsable de la campaña de Cambio Climático de Greenpeace, explicó ayer que "la quema de carbón es la principal responsable del cambio climático y causa serios impactos en la salud y su extracción conlleva costes muy elevados para el medio ambiente y los derechos humanos en las zonas mineras".
El estudio analiza también el impacto de la mina abierta „la más grande del mundo„ que opera en Colombia la empresa Cerrejón, que extrae 108.000 toneladas de carbón al día para la exportación y ha desplazado a más de 20.000 personas en todo el territorio.
Indonesia se ha convertido en los últimos quince años en uno de los mayores exportadores de carbón del mundo, subraya el informe, y aproximadamente el 43% de la superficie de la región de Kalimantan Oriental, en Borneo, ha sido entregado a las empresas mineras.
El informe denuncia asimismo a las compañías mineras rusas por explotar intencionadamente el carbón cerca de los centros de población para reducir los costes de infraestructuras.
