Después de un año de lucha por salvar la factoría y reivindicar un marco legal para la industria de gran consumo energético, los trabajadores de la antigua Alcoa en A Coruña advierten de que retomarán las movilizaciones si el Ejecutivo de Pedro Sánchez no cumple "con lo prometido". Y lo acordado, según el comité de empresa de la ahora llamada Alu Ibérica, es un Estatuto de los Consumidores Electrointensivos que aporte "precios competitivos, estables y predecibles". El proyecto presentado el lunes por los ministerios de Industria y Transición Ecológica "está lejos de cumplir" esas condiciones. "Da la impresión de que el Gobierno no ha entendido nada y no es consciente de la gravedad por la que atraviesa la industria gran consumidora de energía", señalan los representantes de los 332 trabajadores de la factoría de A Grela. "Seguimos en inferioridad de condiciones y muy alejados de los costes energéticos de países de la UE contra los que tenemos que competir como Alemania o Francia", apuntan en un comunicado.

La regulación del marco eléctrico industrial es clave para el futuro de Alu Ibérica, con plantas en A Coruña y Avilés ahora limitadas a la fundición. Si la luz industrial no baja de 40 euros MWh, el fondo suizo Parter „dueño de las factorías desde agosto„ no volverá a producir aluminio primario. Y si no se reactivan las cubas electrolíticas para ello, no hay garantía de empleo a partir de agosto de 2021. Según los cálculos realizados por Parter, las compensaciones incluidas en el nuevo estatuto dejarán el coste eléctrico para este año en 49,58 euros, por lo que la firma pretende presentar alegaciones al proyecto de real decreto del Gobierno en aras de rebajar el precio de la luz.

La representación sindical también entiende que el proyecto no garantiza un precio competitivo al añadir "el doble de empresas" (600) en el sistema de ayudas a pesar de "bajar el presupuesto de 300 a 262 millones de euros". "No entendemos cómo Alemania puede regular tarifas de electricidad para su industria con recortes en todos los complementos que graban la factura de la luz y aquí se nos dice que no se puede, que incumpliríamos directrices de la UE", apuntan los representantes sindicales de Alu Ibérica.

Para el comité, los contratos bilaterales (PPAS) son el futuro de la industria, pero mientras no sean competitivos, piden al Gobierno que apruebe para cada año "el presupuesto máximo de compensaciones directas e indirectas de CO2 que permite la Unión Europea". "De momento el Estatuto solo obliga a las empresas electrointensivas a contratar el 10% de su consumo eléctrico de origen renovable, y pensamos que como mínimo la misma obligación deberían de tener las empresas que generan dicha electricidad, para tener una parte de su producción destinada a la contratación bilateral y no poder refugiarse con ella en el pool. Porque incluso puede pasar que, si obligas a una de las partes a contratar, la otra se aproveche de la situación ", esgrimen los representantes de los trabajadores.

Asimismo, recuerdan que el anuncio de cierre de su empresa y la de Avilés hizo que se empezase a hablar del estatuto "como una solución" y apuntan que "por el compromiso del Gobierno" pararon las cubas de electrólisis "esperando más de un año para darles de nuevo vida".

"Hoy tememos un nuevo jefe (Parter) dispuesto a rearrancar las instalaciones paradas y con ganas de llevar adelante un proyecto industrial de futuro en A Coruña", asegura el comité.