Hay pocas comunidades como Galicia que sepan tan bien todo lo que significa el matrimonio de dos grandes entidades financieras. La fatídica fusión de Caixanova y Caixa Galicia dio de lleno en el corazón del negocio en la Comunidad Autónoma por la competitiva carrera de ambas en busca del liderazgo regional. De ahí que la comunidad encabezara los cierres de oficinas y el ajuste del grifo de financiación durante buena parte de la reestructuración financiera.

Luego llegaron la venta del Gallego al Sabadell y la del Pastor al Popular, deglutido por el Santander en una histórica operación que colocó al grupo presidido por Ana Botín como segundo operador del sistema financiero gallego por detrás de Abanca.

CaixaBank completa el podio de la red bancaria de Galicia. A priori, cualquier cosa que pudiera pasar con ella implicaría un nuevo riesgo de solapamiento. Tiene, según los datos de la patronal bancaria AEB a cierre del apsado año, 157 sucursales en Galicia, de las que 71 están en la provincia de A Coruña y otras 56 en Pontevedra. La plantilla no pasa de 800 trabajadores tras el último ERE.

Pero, a diferencia de otros territorios, Bankia no es una entidad dominante aquí. Cuenta con una veintena de oficinas y en las provincias de interior solo dispone de dos en cada una. Los representantes de los trabajadores dan por hecho que, en principio, el impacto no debería notarse demasiado, a la espera de saber si fructifica esta negociación.

El anuncio de conversaciones de fusión entre CaixaBank y Bankia causó pronto discrepancias entre dirigentes del PSOE y de Podemos, los dos socios del Gobierno. Las explicaciones más claras por parte de la formación morada fueron las de Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales y responsable de economía de la formación, que a través de Twitter habló de "noticia preocupante". Por el contrario, el líder del PSC, Miquel Iceta, dijo ver el movimiento con "simpatía" porque él es partidario de la "cooperación" y de "construir entre todos para tener proyectos de envergadura". También al PP le agrada la operación.

La posición de Podemos siempre ha sido el apoyo a la creación de una banca pública potente y en competencia con el resto de entidades del sector. En ese modelo, Bankia debía haber sido la semilla para crear esa alternativa pública. En este contexto, Álvarez aseguró que si la fusión se concreta, supondrá una profundización en la concentración del sector bancario y tendrá un impacto negativo en el empleo.

Según el dirigente podemista, el Estado "no debe abandonar su participación en el capital, reprivatizando la entidad", en alusión a Bankia, que, recordó Álvarez, fue saneada gracias a 24.000 millones de euros públicos. En la misma línea, Anticapitalistas y Más País, formaciones escindidas de Podemos, exigieron al Gobierno que evite la "privatización encubierta" de Bankia, e incidieron igualmente en su rescate con dinero público.