Afirma que los trabajadores de Alu Ibérica no van a "consentir" que la factoría se apague ante la "pasividad" de las Administraciones que tutelaron la compraventa entre Alcoa y Parter. También corrobora, como publicó este diario, que la entrada de un tercero (Riesgo) está prohibida por contrato.

¿Cómo encara el comité de empresa los próximos meses?

Vamos a continuar en la pelea por una solución industrial. El 25 de junio tuvimos la última reunión de la mesa técnica en donde el Ministerio de Industria nos pidió tiempo, 25 días, para requerir a las empresas el grado de cumplimiento de todo lo acordado para el futuro industrial de las plantas de A Coruña y Avilés y recabar así toda la documentación e información. Han pasado casi tres meses y es hora de exigir que, de una vez por todas, se cumpla todo lo que se firmó en julio de 2019 entre Alcoa y Parter bajo la tutela del Gobierno y de la Xunta. Por otra parte, también estamos preparando la defensa de la situación actual en el ámbito judicial ante todos los incumplimientos e ilegalidades que se han llevado a cabo en el proceso de venta de las plantas y el cierre del ERE.

¿Cómo está Alu Ibérica en este momento?

La situación es muy crítica, no hay transparencia alguna y la gestión de la planta resulta muy deficiente desde que se vendió la empresa en julio de 2019, pero todavía es más preocupante desde que Riesgo está en la factoría. Estamos comprobando cómo realizan un vaciado continuo de todo lo que necesitamos para producir, la rotura de stocks es el pan de cada día. No es que vivamos al día, se podría decir que lo hacemos a la hora: no es la primera vez que estamos pendientes de que llegue un camión con aluminio para reciclar para poder mantener la poca producción que programan. La producción es mínima, nunca estuvimos en estos niveles y cada vez tenemos más dificultades para mantener lo que hay. Incluso están sacando de la planta restos de antiguas producciones que no eran comercializables por no cumplir el mínimo de especificación y no sabemos adónde lo llevan.

Este diario ha publicado que el contrato de traspaso de las alumineras de A Coruña y Avilés, firmado por Alcoa y Parter en julio de 2019, prohíbe la venta a un tercero.

Nosotros lo dijimos desde el principio. Nunca tuvimos acceso al contrato de venta que firmaron las empresas, pero durante la negociación se acordó que la venta total o parcial a terceros, incluso la venta a empresas filiales del propio Parter, estaban prohibidas durante el tiempo de protección de dos años.

¿Qué les dicen el Gobierno y la Xunta?

La Administración central y la autonómica, debido a los requerimientos realizados a partir de la última mesa técnica, tienen mucha información y documentación. Nosotros aportamos todo lo que podíamos aportar para arrojar luz sobre este oscuro proceso de venta y reventa de las plantas. La Administración es consciente de los incumplimientos y de las ilegalidades. Cuando en primavera saltó la noticia de que el Grupo Riesgo era el nuevo dueño, el comité de empresa dijo que la reventa de la planta estaba prohibida. Incluso Alcoa, a finales de abril, aseguró que la venta de Parter a Riesgo incumplía el contrato de compraventa y bloqueó las cuentas. Luego le dio recorrido a la operación cuando sabía que estaba prohibida? como mínimo todo esto se antoja raro, muy raro.

¿Y el plan industrial que figura en el contrato entre Alcoa y Parter?

La puesta en marcha de nuevas instalaciones e inversiones debía ser inminente. Ha pasado un año y un mes de los dos años que nos dieron y no se ha hecho nada, salvo una reventa prohibida. Una de dos, o Alcoa mintió en la propia negociación del expediente del ERE, con lo cual hizo un fraude en la negociación, o lo hace ahora al permitir la entrada de Riesgo de forma ilegal. El Gobierno sabe esto, cada vez está todo más claro, y si no sacan a esta gente de aquí será cómplice de esta estafa. Ni la Administración central ni la autonómica pueden mirar hacia otro lado, tienen documentación suficiente para obrar de oficio y entrar en la empresa para sacar a estos delincuentes de aquí.

Les llama delincuentes?

No lo digo yo, está demostrado que lo son. Tenemos su currículum, una ficha policial tremenda, cuentas pendientes que saldar con la justicia y esto no se puede consentir durante más tiempo. Lo que pedimos es agilidad al Gobierno, que tome cartas en el asunto. Hablamos de un proceso tutelado por el Ministerio de Industria y la Xunta de Galicia. Es increíble que tengamos que exigir transparencia y legalidad. Y ahora mismo la única forma de garantizarlas es a través de la intervención, porque solo así se puede esclarecer lo ocurrido. Deben auditar las dos factorías con todo lo que hizo Alcoa, Parter y Riesgo.

Antes hablaba de una estrategia jurídica.

Ya hemos realizado una demanda, que ahora está en el servicio de conciliación. Pero la solución debe ser política, para algo el Gobierno central y el gallego asumieron la tutela de una negociación encaminada a buscar la solvencia industrial de las plantas. Después, ya iremos contra las empresas con todos los recursos que tengamos porque no vamos a permitir que se nos engañe de esta forma. Iremos por lo social, por lo penal y por lo que haga falta.

¿Cuál va a ser el próximo paso?

De entrada, vamos a seguir con las movilizaciones para reclamar una solución industrial. Tenemos que volver a la calle, a la presión, desgraciadamente no nos queda otra alternativa como trabajadores. ¿Quién se cree ahora que Alcoa decía la verdad cuando aseguraba que iba a buscar un inversor solvente para las factorías? Un mes después de cerrar la compra, Parter ya estaba buscando la forma de deshacerse de las plantas. Alcoa nunca jugó limpio en este proceso y sospechamos que todo esto estaba preparado desde el principio. No vamos a consentir que la planta se apague poco a poco y que las Administraciones no hagan nada para evitarlo.

El tiempo corre?

El tiempo vuela porque el contrato de compraventa entre Alcoa y Parter establece un periodo de dos años. Quedan once meses escasos para encontrar una solución. Tenemos a un propietario ilegal, Riesgo, que anunció su entrada en las plantas cuando todos estábamos confinados en nuestras casas. Me parece lamentable que esto pase aquí y que se siga manteniendo a esta gente cinco meses después.

¿Hay convocada alguna reunión con Industria?

No, y echamos de menos que el Gobierno, de una vez por todas, nos comunique qué es lo que hace, qué es lo que hizo y qué va a hacer con los datos que tiene encima de la mesa. Queremos saber todo el recorrido de este proceso, quién mintió, quién estafó, quien engañó, quién nos llevó a este proceso irregular y que pague las consecuencias.