Celsa, con planta en A Laracha, pide 200 millones al fondo de rescate

Celsa, una de las multinacionales europeas líderes en productos largos de acero, se suma así a Air Europa y a Duro Felguera, las tres compañías que hasta el momento han formalizado su petición de ayuda a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), hólding público encargado de la gestión del fondo de rescate. Las ayudas demandadas por estas tres compañías suman 700 millones de euros (400 millones la aerolínea del grupo Globalia, 100 millones la ingeniería asturiana y 200 millones la siderúrgica catalana), pero ya hay en trámite solicitudes de ayudas por otros 300 millones, con lo que en total las cantidades solicitadas ascenderían a unos 1.000 millones de euros, el 10% de la cuantía total del fondo.

Celsa da empleo a casi 10.000 empleados de forma directa (33.233 directos e indirectos), tiene 120 centros de trabajo distribuidos por todo el mundo; factura unos 4.253 millones de euros anuales (con datos del ejercicio 2018), produce siete millones de toneladas al año y recicla ocho millones de toneladas. Las inversiones realizadas por la compañía durante los últimos quince años ascienden a 2.682 millones de euros. El grupo Celsa y las compañías que operan bajo su marca representan el mayor productor de productos largos en España y uno de los principales productores europeos. Una de ellas es Celsa Atlantic, cuya planta está situada en A Laracha, donde operan cerca de 140 empleados. Miembros del comité de empresa señalaron ayer a este diario que la planta coruñesa trabaja al 60% de su capacidad. Los trabajadores de Celsa Atlantic siempre participan en las movilizaciones gallegas en demanda de un estatuto electrointensivo que rebaje el precio de la luz a la industria de gran consumo.

Además de en España, Celsa Group, que en 2020 cumple 53 años de existencia, tiene presencia industrial en Dinamarca, Finlandia, Francia, Noruega, Polonia, Suecia y Reino Unido, tras abordar en el 2003 un proceso de internacionalización.

El propósito del Estado, tal y como ha dictado la Comisión Europea, será el de recuperar las ayudas tan pronto como sea posible, así como salir del capital de la empresa rescatada una vez su situación la haga nuevamente viable, ya que se trata de una medida que atenta contra la libre competencia, aunque el contexto de la pandemia justifica su temporalidad.

El beneficiario debe tener en todo momento la posibilidad de recomprar la participación en el capital que el Estado haya adquirido, por lo que, para garantizar que el Estado recibe una remuneración adecuada por la inversión, el precio de recompra deberá ser el precio de mercado o, si este es menor a la remuneración inicial, tendrá una penalización del 2% anual.

El consejo gestor de este fondo de solvencia está compuesto por el presidente de la SEPI, Bartolomé Lora, así como representantes de los Ministerios de Hacienda, Asuntos Económicos y Transformación Digital, Transición Ecológica y Reto Demográfico e Industria, Comercio y Turismo, aunque también podrán intervenir el resto de ministerios en función del proyecto o sector en que opere la empresa afectada.

Será este consejo gestor el que analice las solicitudes de ayuda presentadas por estas empresas junto con un plan de viabilidad y, posteriormente y de forma conjunta con la compañía, los planes estratégicos para maximizar las ayudas y dejar atrás el impacto provocado por el Covid.

En un principio, las compañías en riesgo de cesar su actividad o entrar en concurso de acreedores y disolución como consecuencia del impacto negativo de la crisis del coronavirus, siempre y cuando lo soliciten ellas mismas, recibirán un préstamo participativo para ayudarles a salir de esa situación, aunque, en el caso de que su situación patrimonial esté fuertemente deteriorada, las ayudas se podrían traducir en la entrada del Estado en el capital. El plazo de solicitudes acaba en junio del 2021.