La Inspección de Trabajo ha dado de alta en la Seguridad Social a 11.000 repartidores de Glovo, por considerarlos "falsos autónomos", y exige 16,2 millones de euros por sus cotizaciones a la compañía, que ya ha anunciado que recurrirá.
Los datos corresponden a 30 órdenes de servicio decretadas por la Inspección a lo largo de 2019 y 2020, según precisaron fuentes cercanas al caso.
La información, adelantada por eldiario.es, recoge operaciones llevadas a cabo durante los últimos dos años en Asturias, Badajoz, Baleares, Barcelona, Burgos, Cantabria, Córdoba, Granada, Madrid, Málaga, Murcia, Pontevedra, Salamanca, Valencia, Valladolid y Zaragoza.
Un portavoz de Glovo precisó ayer que la decisión de Trabajo "no es firme" aún -cabe recurso-, y que el volumen de deuda es estimado.
