Las secuelas económicas de la pandemia de coronavirus pasarán factura a las pensiones a medio y largo plazo a nivel mundial. El impacto de la crisis en los sistemas financieros y en el mercado laboral se traduce ya, según el último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en un incremento de la presión sobre la financiación de las pensiones, un sistema sometido, antes de la epidemia, a desafíos mayores: el envejecimiento demográfico, un reducido crecimiento económico y salarial, así como bajos rendimientos de los activos tradicionales.

“El COVID-19 ha provocado una fuerte perturbación de los mercados laborales, con efectos en cascada en los ahorros para la jubilación y en las pensiones”, explica la OCDE en su estudio publicado ayer y dedicado en su mayor parte a los sistemas de capitalización.

Según el think tank de los países desarrollados, la crisis sanitaria y sus secuelas económicas no harán más que prolongar y agravar los desafíos que planean sobre la financiación de las pensiones. Desde el desequilibrio entre el número de pensionistas y las futuras generaciones de trabajadores, cuya entrada al mercado laboral es cada vez más tardía e inestable; pasando por la dificultad de ahorrar en un contexto marcado por una fuerte tasa de desempleo y por salarios cada vez más precarios, y sin olvidar la nueva deuda acumulada por los Estados para tratar de mantener a flote el sistema empresarial y el empleo a través, por ejemplo, de los ertes.

La mortalidad generada por la pandemia del coronavirus, cuya virulencia aumenta entre las personas de la tercera edad, reducirá «el gasto en las pensiones actuales y futuras solo ligeramente», estima la OCDE. En un total de 24 países europeos donde se ha hecho una contabilidad conjunta del “exceso” de mortalidad por la epidemia en los nueve primeros meses del año, se ha calculado que el incremento ha sido del 6%.

Siguiendo dicha dinámica, al final de 2020 se habrá reducido allí el número de los mayores de 65 años en un 0,2% y el ahorro en retribuciones de jubilación en un porcentaje similar.

Dado que las pensiones suponen de media en los países de la OCDE el 8% de su Producto Interior Bruto (PIB), ese 0,2% representaría un 0,016 % del PIB. Una gota de agua cuando se sabe que el déficit público en los países de la organización, en razón de los planes de salvamento económico, va a dispararse del 3 % del PIB en 2019 a cerca del 11,5 % este año, y seguirá siendo muy elevado en 2021 (8,5 %) y 2022 (5,9 %).

“En las pensiones de reparto, el COVID va a tener un impacto muy fuerte, pero es para mañana, no para hoy”, explica a la agencia Efe Pablo Antolín, director del estudio.

En España, con un sistema centrado en el reparto, la pérdida de empleos y salarios se traduce en una reducción de las cotizaciones de la Seguridad Social, amortiguada por el Estado con un aumento de la deuda pública. Cómo se afrontará esta cuestión a medio y largo plazo es una de las preocupaciones de la OCDE.

Ante este panorama, el organismo recomienda, entre otras cosas, que los responsables políticos se aseguren de que las personas sigan ahorrando para su jubilación y eviten vender activos e incurrir en pérdidas cuando los mercados sufran descensos.

“Deben considerar la posibilidad de adoptar medidas específicas, como facilitar el acceso a planes de pensiones, ofrecer productos de ahorro específicos o híbridos, permitir que los trabajadores mantengan el mismo plan cuando cambien de trabajo, permitir contribuciones flexibles e impulsar estímulos para recordar a la sociedad la importancia de ahorrar para la jubilación”, aconseja en su editorial Stephano Scarpetta, director de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE.

A este consejo se añade que la comunicación de las estrategias de inversión y sus riesgos sea coherente y adaptada al público.